¿En México la justicia está corrupta?: Amador Rodríguez Lozano

A raíz de mi artículo sobre la pena de muerte, hubo un sector mayoritario que estuvo a favor, muy pocos, no más de 5, en contra por motivos religiosos o ético-morales y otro sector amplio, pero minoritario, más bien por sus dudas acerca de la eficiencia e imparcialidad de la justicia mexicana.

Eso me llevo a plantearme la siguiente pregunta:

¿Es corrupta la Justicia en México?

Es indudable que sí y creo saber la respuesta. En nuestro país casi no existe la separación de poderes. En el siglo XIX, Carlos María de Secondant, Barón de Montesquieu, en su clásico libro “El Espíritu de las Leyes”, señaló de manera precisa, que la invasión de poderes del ejecutivo hacia los demás poderes era un germen corruptor terrible. Esta teoría llevo a que en la Revolución Francesa se declarara que “donde no hay separación de poderes, no hay Constitución” esta aseveración es una inmensa verdad, que sigue siendo válida. Esa es la primera premisa para que la justicia sea imparcial. ¿Porque ligo un tema con otro? Porque en la vida diaria mexicana no hay división real de poderes.

Los Gobernadores, en su gran mayoría, en los estados que gobiernan, en asuntos de su interés, le indican a los magistrados y jueces cómo resolver. A nivel federal es igual, el Ejecutivo, a través de la secretaria de gobernación o de la consejería jurídica, en asuntos de interés personal o nacional, influyen sobre los jueces, magistrados y ministros de la Corte. En 1986 me toco participar en una reforma constitucional para dar mayor autonomía a los jueces y magistrados estatales. La Constitución de 1917, había sido omisa en este importante punto y en ningún lado regulo a los poderes judiciales estatales.

Para subsanar esta importante omisión, se utilizó el artículo 116, para legislar por vez primera en la Constitución, garantías y protección a la justicia local, entre ellas el derecho a la ratificación y a la inmovilidad, que significa que una vez que el juzgador es ratificado en su cargo por segunda vez, ya nadie podrá correrlo de su empleo, será inamovible. Esta es para mí la garantía más importante que tienen para emitir sentencias imparciales. Sí, en efecto, ya nadie podrá despedirlos si la sentencia es desfavorable al gobierno. Pero esta garantía sólo opera contra las pretensiones estatales y no contra las de particulares.

En 1994 me toco participar en otra gran reforma, la del Poder Judicial Federal. En aquella época, había 25 ministros y el gobierno federal tenía informes de qué varios de ellos estaban involucrados con el crimen organizado. No sé si las pruebas, o no eran contundentes o no se tenía claro quiénes eran todos los involucrados, por eso se tomó la decisión de jubilarlos a todos, nombrando nuevos, reduciendo el tamaño de la Corte de 25 a 11 y quitándoles la atribución de conocer de manera general juicios de amparo.
Buscamos hacer de la Corte un tribunal constitucional y menos un tribunal de revisión de juicios de garantías. Antes de 1994, cada ministro tenía asignado una parte del territorio del país, circuitos se llamaban y en estos, el ministro tenia control sobre jueces y magistrados, sobre todo en las sentencias.
Eso hacía de la justicia federal un mercado persa, todo se podría arreglar con el ministro adecuado, pues no todos participaban de esta complicidad. En 1994 desaparecimos ese sistema y creamos otro nuevo, le quitamos a la Corte la atribución de nombrar jueces, se estableció el concurso para ingresar y ser promovido en la carrera judicial. Hubo un gran avance. Por vez primera desde 1824 se hicieron exámenes para ser designado magistrado federal. Sin embargo, nada es perfecto eternamente y siempre es necesario estar atento para evitar distorsiones. Yo como senador fui muy celoso del cumplimiento esta reforma que tuve a mi cargo.
El ministro Aguinaco, en 1995 presidente de la Corte, me dijo que me tenían miedo algunos de los consejeros de la judicatura de aquel tiempo, porque siempre estaba al pendiente que no se desviara las reformas, sobre todo en materia de selección , ingreso y promoción de los juzgadores federales; Sin embargo, cuando pedí licencia por razones personales, tramposamente el entonces presidente de la Corte, Genaro Góngora, aprovechó mis ausencias para nombrar de dedazo a muchos nuevos jueces federales, que eran secretarios de los ministros.
Digo tramposamente, porque no hicieron examen de ingreso, por supuesto criticamos el hecho, se puede consultar las duras críticas del Senador Trinidad Lanz Cárdenas sobre este tema. ¿Que nos dice este ejemplo? Que La naturaleza humana y la integridad personal es la diferencia de un buen sistema de justicia o uno malo. Actualmente los jueces federales y locales, tiene buenos sueldos, garantía para ser independientes, inamovilidad; pero, aun así, se dejan influir o por el poder o por el dinero.
Es por ello que debemos ser más cuidadosos en los sistemas de selección y designación de juzgadores. Ahí está la clave. Primero los perfiles: quiénes son, ¿cuáles son sus valores, como ha sido su vida? ¿Cuál es su nivel y calidad de su educación? En principio todos deben ingresar a través de un concurso de admisión, donde se revise su perfil, sus valores y sus conocimientos. Todos deberían pasar un examen de confianza, detector de mentiras y toxicológico. El examen debería practicarlo alguien certificado y ajeno al poder judicial. Debería además haber un órgano especial que revise anualmente las cuentas e ingresos de los juzgadores. Nada es más sensible que la aplicación de la justicia. Siempre están en juego o nuestros bienes o nuestra libertad. La justicia debe ser una prioridad en la agenda política.
No sé ustedes, pero me sentí defraudado por la irrisoria sentencia de Javier Duarte y de Alejandro Gutiérrez, en ambos se nota una componenda del poder ejecutivo. En ambos casos se ve que el juez federal recibió consigna de actuar como actuó y, a pesar de todas las garantías con las que actualmente cuenta, se subordino a los dictados del poder presidencial.
Por eso si urge otra reforma judicial que elimine todas las distorsiones, que le quite poder al presidente de la Corte y que enfatice en una mejor selección de juzgadores.

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