Reducción del foco rojo fronterizo: ¿Inversión preventiva sanitaria y sostenibilidad económica?

El impacto de una limitada aplicación del tests en las ciudades fronterizas mexicanas y la ausencia de protocolos sanitarios en el cruce procedente de Estados Unidos hacia México, son los dos factores principales que condicionan la diferencia sustancial del número de contagios

Por: José María Ramos García, El Colef

Se ha añadido un tema complejo a los impactos transfronterizos del Covid 19 en la región: el cierre de maquiladoras por desarrollar actividades no esenciales desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud. El cual concibe que no es una actividad esencial y por ello la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha procedido a la clausura de algunas empresas, si no contribuyen a mitigar la emergencia sanitaria e incorporar el producto médico para el Sistema Nacional de Salud. Lo cual se contrapone con las prioridades de producción industrial asociadas a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero en particular con la dinámica económica transfronteriza y en particular de la industria maquiladora.

Después de los avances del TLCAN y de la próxima inicio del T-MEC se plantea la necesidad de fortalecer los esquemas en donde debería ser una mayor prioridad fortalecer los protocolos sanitarios en la clase trabajadora, la productividad del sector y quizá la reorientación de una parte de la producción de los productos médicos hacia las necesidades locales y nacionales.

La ausencia de los protocolos sanitarios, será la limitación central de las políticas de relocalización industrial hacia las ciudades fronterizas mexicanas. Su fortalecimiento abonaría a mejores prácticas de salud en el marco del inicio del T-MEC, tanto de tipo preventiva e inclusiva hacia la población de escasos recursos que labora en la industria maquiladora. Si del otro lado es una práctica habitual la aplicación de tests preventivos o de identificación de contagio, esta práctica también podría trasladarse a los trabajadores mexicanos de la maquila. Un ejemplo de justicia social y laboral, como fue una petición de algunos legisladores demócratas para avalar la firma del T-MEC.

Esta demanda podría formar parte de un plan binacional o transfronterizo en el cual se priorice una agenda sanitaria según necesidades de cada región y en donde la evidencia científica sea la parte medular de la regulación de las políticas post Covi-19. En este sentido, el papel que tienen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. (CDC por sus siglas en inglés), pudo haber sido una alternativa para promover mejores prácticas preventivas de salud, tal como lo propone la Iniciativa México y Estados Unidos para combatir la pandemia de Covid-19. La cual estableció el cierre parcial de la frontera México-Estados Unidos por dos meses a los residentes fronterizos mexicanos con visa estadounidense. En ese marco, la Iniciativa Conjunta pudo haber planteado un modelo de protocolo sanitario que redujera la vulnerabilidad de contagios, con base de una eficaz cooperación y coordinación en materia de sanidad binacional, que en su conjunto hubiera impactado con un menor cierre de la frontera para los residentes fronterizos mexicanos.

La agenda Post Covi-19 se caracterizará bajo la premisa de que la prevención sanitaria deberá formar parte de la agenda gubernamental y de una cotidianidad personal y social. Esta agenda institucionalizada le da mayor sentido a un escenario Post Covid 19: riesgos de mayor número de contagios en las ciudades fronterizas mexicanas y en especial en la población de más marginada o en la población afectada por enfermedades crónicas: diabetes, obesidad e hipertensión arterial.

La evidencia científica articulada con la política pública en materia de Post Covi 19 tiene componentes diversos, uno de ellos fundamental es la aplicación racional de tests de identificación de contagios, que permitan implementar una política preventiva y con ello reducir la expansión de mayores contagios. Sin pruebas no es posible identificar los riesgos, amenazas y desafíos por atender y sobre todo la reducción sustancial de pandemia.

Una de las mejores experiencias de reducción del Covid-19 es la de Corea del Sur. Este país a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aceleró la producción de pruebas para detectar el virus. Corea puede realizar hasta 18 000 exámenes por día. Se estima que más de 316 000 personas fueron evaluadas (hasta el 20 de marzo), y Corea registra una de las tasas más altas de exámenes per cápita.

El estado de Nuevo León con una de las mejores políticas de control y prevención hacia Covid-19 está adaptando algunas políticas coreanas. Su meta es aplicar mil pruebas diarias para aplanar la curva de casos. Al 28 de abril tienen 284 casos, una cuarta parte del número de contagios que tiene el estado de Baja California (1301 casos) con una menor población. La propuesta de política pública de Nuevo León hacia el Covid-19 es integral y considera cinco ejes: monitoreo y decisiones, detección de casos, pacientes críticos, personal de salud, insumos y un consejo. “Las acciones coordinadas están enfocadas en tres áreas prioritarias: mitigar y suprimir el número de contagios, otra área prioritaria es coordinar la distribución de insumos y el equipo de protección de personal y cómo debemos de trabajar en la expansión de la capacidad hospitalaria y del personal». Situación que está siendo critica en el sector hospitalario en Baja California y refleja la ausencia de una planificación estratégica sanitaria.

México se ubica como el último lugar en aplicación de pruebas de Covid-19, entre los países de la OCDE. México sólo aplica 0.2 pruebas por cada 1000 habitantes, muy por debajo del promedio en países de OCDE que es de 15.2 y sumamente atrás de Islandia, que aplica 105.9 por cada millar de ciudadanos.

La ventaja de una aplicación racional de tests permite una rápida identificación y aislamiento de los casos sin tener que restringir ampliamente la movilidad de las personas o cerrar los negocios. Además, permite disminuir los confinamientos en función de articular la relación entre tests, impactos local y regional de la pandemia y las políticas integrales en contra del Covid-19.

Sin embargo, en México no ha sido una prioridad una generalización de los tests. Con lo cual se están implementando políticas de contención generales, que provocarán mayores efectos negativos en las actividades comerciales, afectando a los micro y pequeñas empresas con cierres de hasta dos meses en lugar de menos tiempo. Un ejemplo es la apertura de las playas en San Diego o en California (14,966 contagios) que a pesar de tener mayores contagios que en Tijuana o el estado de Baja California (1, 301 contagios), decidieron implementar una política racional de desconfinamiento, a diferencia de Tijuana, en donde las playas seguirán cerradas un mes más, no obstante el menor número de contagios.

El impacto de una limitada aplicación del tests en las ciudades fronterizas mexicanas y la ausencia de protocolos sanitarios en el cruce procedente de Estados Unidos hacia México, son los dos factores principales que condicionan la diferencia sustancial del número de contagios entre los estados de la frontera norte mexicana (2,761 casos) y los estados de la frontera sur estadounidense (79,877 casos de contagio), Al 25 de abril Tijuana es una de las ciudades más afectadas por el Covid-19, en donde se registran 700 casos y 117 decesos. También se caracteriza por ser la tasa más alta de incidencia en todo el país (31.8 por cada 100 mil habitantes). Por lo cual, hoy en día se le considera el epicentro del Covid-19 en México y todo indica que lamentablemente la tendencia aumentará en las próximas dos semanas.

JOSÉ MARIA RAMOS GARCÍA

Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, Madrid, España y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel II. Es profesor-investigador de El Colef, adscrito al Departamento de Estudios de Administración Pública.

Sus líneas de investigación son: gobierno y administración, relaciones México-EEUU, planeación estratégica, gobernanza y evaluación de políticas.

Recibió el Premio Nacional de Administración Pública en 1996, distinción que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública, por investigación: Desarrollo Regional y Relación Transfronteriza. El caso de México-California.

Destacó como Evaluador del Comité de Estancias Sabáticas y Postdoctorales del Conacyt 2016, se integró al Grupo de Análisis de Pertinencia (GAP) de Propuestas de proyectos de desarrollo científico para atender problemas nacionales 2015. Sobresalió como miembro en la Reunión de la Comisión de Evaluación de la Convocatoria 2015 para “El Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Inmujeres-CONACYT.

Ha sido profesor-investigador visitante en Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas,  Instituto Universitario de Investigación Ortega  y Gasset, Madrid, España (2004); en Center for US-Mexican Studies, University of California, San Diego, UCSD, (2003- 2004) y en  Mexico Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC, (2004).

Participa en redes académicas tales como la Red Internacional de Investigación sobre Fronteras Comparadas (RECFronteras) y es miembro activo del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC (CASEDE).

Colaboró en el proyecto “Región transfronteriza México-Guatemala: Dimensión regional y bases para su desarrollo integral (primera fase, 2017-2018)”. Propuesta apoyada por el FORDECYT del CONACYT, 2 de octubre, así como en la coordinación de seminarios: “Gobernanza estratégica en las políticas de prevención”, proyecto de investigación, en colaboración con la Secretaría de Gobernación, enero de 2016 a julio de 2017.

Algunas de sus publicaciones recientes son:

(2020) (en prensa), con Jose Luis Calderón, (coord.),  Gobernanza y políticas para el desarrollo en México, la Agenda 2030  y la relación fronteriza con los Estados Unidos, INAP.

(2020), (en prensa), “Violencia y criminalidad en Tijuana y Ciudad Juárez: La complejidad social y urbana”, en CASEDE Compendio Anual.

(2020) (en prensa),  “La frontera sur de México, redefinición de la política de seguridad nacional y la relación con los Estados Unidos, 2013-2019”, en Jose Luis Calderón (coord.), La Seguridad Nacional en México, INAP.

(2018), con Nahuel Oddone, (coords), Integración y paradiplomacia transfronteriza: experiencias comparadas del río Bravo hasta la Patagonia (Tomo I y II); ARFE, AEXCI y El Colef.

 

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