TIJUANA, JULIO 6, 2026.- La periodista y Directora del Zemanario ZETA, Adela Navarro Bello, publicó un mensaje en redes sociales en el que denuncia la existencia de una presunta red de extorsión que involucra a funcionarios del XV Ayuntamiento de Tijuana y grupos del crimen organizado.
En su publicación, la periodista sostiene que desde marzo los comerciantes ya no pagarían cuotas de extorsión por separado, sino que, según sus señalamientos, los grupos delictivos y funcionarios corruptos compartirían al mismo cobrador de piso, lo que, de acuerdo con sus palabras, reflejaría un alto grado de impunidad.
«El colmo del narcogobierno en Tijuana: funcionarios corruptos del Ayuntamiento y cárteles de la droga unificaron su red de extorsión. Desde marzo, los comerciantes ya no pagan por separado; ambos bandos criminales comparten exactamente al mismo cobrador de piso. La impunidad es absoluta», escribió Navarro Bello.
La publicación acompaña un enlace a un reportaje del prestigiado Semanario ZETA, un medio de noticias e investigación. Publica además una fotografía de un presunto mensaje intimidatorio dirigido a comerciantes, en el que se invita a alinearse con una determinada organización y se advierte sobre posibles represalias en caso de no hacerlo.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un posicionamiento público específico respecto a los señalamientos realizados por la periodista, ni han confirmado la existencia de una red con las características descritas en la publicación.
La denuncia se suma a las preocupaciones que diversos sectores empresariales han expresado en los últimos meses sobre el fenómeno de la extorsión y el cobro de piso en distintas zonas de Tijuana, un delito cuya investigación corresponde a las autoridades competentes.
Nota: La información anterior se basa en declaraciones públicas realizadas por la periodista Adela Navarro Bello en sus redes sociales y en el contenido del reportaje publicado por Semanario ZETA. Las acusaciones mencionadas constituyen señalamientos que deberán ser investigados y corroborados por las autoridades correspondientes
