TIJUANA, DICIEMBRE 2, 2021.- El aumento de 22% al salario mínimo para el 2022 sí tendrá un impacto en las empresas, las cuales deberán realizar los ajustes pertinentes a fin de evitar afectar las fuentes de empleo.
Así lo expresó el Lic. Heriberto Galindo Aguirre, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana (Arhitac), quien comentó que este aumento fue recién aprobado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) junto con el sector patronal y obrero.
El dirigente señaló que inicialmente se esperaba un incremento del 15% al salario, de acuerdo con el índice de inflación que se estimaba en 3%, no obstante, éste se colocó en 7%, lo que dio pie a un aumento de los salarios del 22%.
Y es que, a decir de Galindo Aguirre, el objetivo es que la clase trabajadora tenga la capacidad adquisitiva suficiente para mantener un dinamismo del mercado de consumo, así como una buena calidad de vida.
«De esta manera, en nuestra región el salario mínimo pasará de 213.39 a 260.34 pesos, pero es importante mencionar que la industria del sector manufacturero y de exportación, principalmente, se paga entre el 2.5 y 3 veces el salario mínimo general como sueldo fijo», apuntó.
Aunado a ello, destacó, las compañías ofrecen una serie de bonificaciones por asistencia, puntualidad, productividad, por recomendación, vales de despensa y servicios como transporte.
El líder de la Arhitac enfatizó que muchas empresas también otorgan a sus trabajadores compensaciones intangibles como subsidios en comedor, eventos, comidas especiales, seguros de gastos médicos, seguros de vida, planes dentales y visuales, entre otras, las cuales no se limitan al empleado, sino que se extienden a sus familliares.
«Es un hecho que habrá un impacto en las empresas, por lo que también tenemos que voltear a ver a nuestras organizaciones para que sean competitivas y lograr mantener esas fuentes de empleo», subrayó.
En ese sentido, el Lic. Heriberto Galindo anotó la necesidad de que la autoridad brinde incentivos fiscales a los inversionistas, una mayor certidumbre jurídica y una reducción de la burocracia.
