CIUDAD DE MÉXICO, ABRIL 28, 2022.- Luego de que Nelly Carrasco, diputada federal Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, presentó una iniciativa de ley que obliga a los tres niveles de gobierno a proteger y defender a los activistas de derechos humanos y periodistas, la diputada federal Evangelina Moreno Guerra observó que esos “no son cambios mínimos”.
Como parte de la Comisión de Derechos Humanos de la 65 Legislatura Federal, Moreno Guerra destacó que, “estamos entrando a un cambio profundo del ejercicio del poder, a una transformación en la que el poder mana del pueblo, no como en el pasado, que se imponía el abuso, que se utilizaban las dependencias de gobierno para silenciar las voces disidentes”.
“En México, ejercer el periodismo y asumir la defensa de los derechos humanos eran profesiones de riesgo; estaban en peligro; pero eso ha cambiado; está cambiando, aunque muchos no lo perciban; no es un cambio mínimo que ya se plasme en la Constitución cómo prevenir que no haya más muertes de activistas y periodistas”, puntualizó.
Esa inclusión constitucional, indicó, abona a prevenir, defender y erradicar la violencia y los riesgos de muerte contra defensores de derechos humanos y periodistas; y “es un síntoma de que estamos avanzando hacia la transformación de una auténtica democracia en México, donde el pueblo es el que manda”.
Previamente a esa exposición de ideas de la diputada Evangelina Moreno, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Nelly Carrasco, confirmó que el pasado 18 de abril se presentó la iniciativa, y se encuentra para su análisis y aprobación en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Nelly Carrasco lamentó que, desde el 2006 hasta la fecha, han muerto 256 activistas de derechos humanos y periodistas, pero, a diferencia de antes, que la Secretaría de Gobernación era una de las instancias gubernamentales que agredían, censuraban y callaban las voces disidentes, ahora es su defensora, y el mecanismo de protección está mejorando, fortaleciéndose.
Las agresiones, de acuerdo a estudios, se concentran desde los gobiernos locales y estatales, el 60% son cometidas por autoridades locales, y eso agrava la problemática, por lo que se propone incrementar el castigo, y otras acciones contra la impunidad.
Precisamente, indicó la legisladora federal, la iniciativa de Ley faculta al Poder Legislativo para expedir leyes de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas, y exigir a los tres órdenes de gobierno a protegerlos, defenderlos y hacerles justicia.
Además de esa iniciativa, agregó, dentro de poco recibirán unas reformas constitucionales propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer la Ley a la que se hace referencia. “La analizaremos, y la aprobaremos, porque, para la defensa de la vida, la seguridad y la libertad de todos los mexicanos, no existen colores ni distingos políticos”.
Junto con Nelly Carrasco, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la 65 Legislatura Federal, estuvieron los diputados federales Sergio Peñaloza, Evangelina Moreno, Sue Bernal, Carolina Dávila e Inés Parra.
El gobierno, subrayó Nelly Carrasco, está obligado a garantizar la seguridad, integridad y vida de los activistas de derechos humanos y los periodistas; sobre todo, “la labor de los periodistas es indispensable para la democracia, porque, si los periodistas temen por sus vidas, y les son quitadas, toda la sociedad pierde. Por eso es necesaria esta ley, que nos vincule a todos”.
Nelly Carrasco informó que el Mecanismo de Protección de la Segob ha asumido bien su responsabilidad, y, este año están siendo beneficiados un 90% más de esos profesionistas que en el 2021.
La diputada federal recordó que en el año 2019 se solicitó a la ONU un diagnóstico, del que emanaron 104 recomendaciones para el fortalecimiento de nuestras leyes, y, sí fueron reformadas, “pero, se requiere un nuevo impulso”.
Entre las reformas últimas que se han hecho, señaló, en el pasado año 2021, se contempla un monitoreo y registro de los riesgos del desempeño de las profesiones de defensores de derechos humanos y periodistas, con énfasis en la prevención; incluyendo a mujeres, indígenas y, activistas y periodistas de la comunidad LGBTTIQ+.
Se trata, sobre todo, que, si el origen de las amenazas son autoridades, la ley se aplique efectivamente, y, en la realidad, se actúe contra todos los responsables; “cada entidad deberá adecuar sus leyes a la presente iniciativa federal”.
