MEXICALI, B.C, MAYO 12, 2023.- Con el propósito principal de incentivar la economía local, el diputado Ramón Vázquez Valadez presentó en el pleno del Congreso una iniciativa de reforma de Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados del Estado de Baja California, planteando mecanismos innovadores.
Se trata, en resumen, de que los gobiernos estatales y municipales, así como los contratistas, privilegien, obligatoriamente, adjudicación de contratos con empresas locales, mano de obra gremial local, adquisición de materiales locales, y creación de Comités de Obras y Servicios Públicos donde las empresas locales tengan voz y voto.
Sobre la Creación de Comités de Obras Pública y Servicios para el Estado y los Municipios, se destaca que sean comités especializados, cuya intervención se lleve a cabo desde la etapa de planeación hasta la asignación de obra pública, es decir, que funjan como órganos de consulta, asesoría y orientación, en apoyo a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada del Estado y Municipios, así como de las entidades paraestatales y paramunicipales.
Con esta reforma de ley la mano de obra local debe ser contratada, aun en caso de ganar licitaciones empresas foráneas, y, que cuando menos, el 30% de la mano de obra local sea proveniente de agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
En ese sentido, se han de establecer condiciones de igualdad para la participación y, selección de materiales y mano de obra locales; en el procedimiento de prelación, para la adjudicación de contratos, se ha de contratar a favor de empresas locales, sobre las foráneas, con todo lo cual se busca fomentar la actividad económica de las empresas del ramo de la construcción establecidas en Baja California.
Para implementar esos mecanismos innovadores, en las reformas se plantea la acreditación de capacitación de los licitantes, con la finalidad de elevar el grado de profesionalización de las personas físicas y morales que participen en los procedimientos de licitación pública.
Por supuesto, se debe armonizar la ley, la cual data de 1998 y contiene varios rezagos en su actualización a la luz de diversas modificaciones al marco jurídico local, sobre todo, para detonar al sector de la construcción del estado de Baja California.
