TIJUANA, FEBRRO 8, 2024.- El presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Vega Solís, afirmó que al cumplir 107 años de haber sido promulgada nuestra Constitución no es un documento más, sino que representa el punto de encuentro de los mexicanos donde está establecido el tipo de nación que queremos ser, el tipo de gobierno que nos hemos dado y establece, con total claridad, nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos.
Mencionó que además cumple una función primordial que es el abrir lo más posible el abanico del reconocimiento de nuestros derechos y acotar, hasta donde se requiere, a los poderes y a la autoridad.
La Constitución, agregó, es nuestro escudo y defensa ante cualquier abuso de gobierno y que por eso es que nada ni nadie puede estar por encima de ella, y cualquier reforma o modificación que sufra debe provenir de un amplio consenso.
Puntualizó que esa es la razón de que cualquier cambio requiere de las dos terceras partes de los integrantes de las Cámaras y la mayoría de los Congresos locales para ser aprobado.
Roberto Vega, refirió que en Coparmex se ha podido distinguir que las 20 reformas propuestas por el Presidente tienen diferentes propósitos y alcances, y que no se pierde de vista que han sido presentadas a poco más de 7 meses de que concluya la presente administración, en un contexto de alta polarización política, donde el próximo periodo ordinario de sesiones coincidirá plenamente con los meses de la campaña electoral y con una composición del Congreso en la que, de no haber una labor intensa de construcción de acuerdos y de consenso, las reformas a la Constitución no podrían ser aprobadas.
Comentó que se distingue las reformas planteadas en los distintos bloques:
1. Reformas marginales. Algunas iniciativas consideran cambios marginales al texto constitucional o son temas ya considerados en la Carta Magna. Por ejemplo, se plantea reconocer a las comunidades indígenas o afromexicanas como sujetos de derecho público, cuando desde el 9 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte integrante de la composición pluricultural de la Nación.
Otra es la reforma en materia de austeridad y remuneraciones de servidores públicos que hoy en día ya están legislados. En un caso similar se encuentran la de atención médica universal y gratuita.
Si bien, es un tema muy importante, ya está establecido que todos los mexicanos tienen el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 4º constitucional, el problema no es de leyes sino de su cumplimiento.
Y la reforma para prohibir vapeadores (cigarrillos electrónicos), sustancias tóxicas y drogas sintéticas (fentanilo), la reforma que no habla de ningún tipo de sanción en específico ni cuáles son las consecuencias, consideramos que la Constitución no es el instrumento jurídico donde debe abordarse, incluso debe distinguirse el uso médico del fentanilo para cirugías que esta reforma podría impedir.
La redacción de las distintas reformas no es clara, porque si bien pretende impedir la producción y distribución de sustancias podría terminar criminalizando a las personas que ya sufren una adicción, quienes más que sanciones requieren atención médica especializada, eso sería materia de leyes secundarias y reglamentos.
La reforma en materia de maltrato animal cae en este rubro porque ya existe una Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente que fue reformada en 2021 para extender facultades al gobierno en materia de protección a los animales.
También en el año 2000 se publicó la Ley General de Vida Silvestre, y en 2007 la Ley Federal de Sanidad Animal que habla de procurar el trato digno y el bienestar animal, incluso define obligaciones para propietarios y poseedores de animales domésticos o silvestres en cautiverio; existen además leyes locales en 31 estados y en 29 leyes locales específicas para el cuidado animal. Incluir el texto en la constitución (Artículos 3º. y 4º.) poco o nada abonaría.
2. Reformas positivas y/o urgentes. En COPARMEX, desde principios de 2023, respaldamos la necesidad de facultar al Congreso para poder emitir una Ley General contra la Extorsión, respaldamos la reforma constitucional que se aprobó en comisiones a finales del año pasado al ser el primer paso necesario y exigimos, en su momento, que se llevara al Pleno de la Cámara de Diputados.
Por ello, respaldamos la urgencia de que este tema se apruebe cuanto antes dado que en este delito hay poco más de una víctima por hora y la extorsión tuvo un aumento del 48% durante este sexenio en comparación con el anterior, de acuerdo con el número de carpetas de investigación.
En el mismo caso se encuentra la de Salarios Mínimos que propone que su incremento nunca esté por debajo de la inflación. Esto va en línea con el Modelo de Desarrollo Inclusivo que promovemos en COPARMEX y es una condición indispensable para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.
La reforma que promueve la inclusión laboral de jóvenes es un acierto ya que es positivo que reciban apoyo económico pero que se encuentre vinculado a que se capaciten para el trabajo, es de hecho coincidente con el espíritu del Modelo de Formación Dual que impulsamos desde hace más de 10 años en COPARMEX inspirado en el modelo alemán.
3. Reformas preocupantes. En este rubro se encuentran las relativas al desmantelamiento institucional y la concentración de poder.
La reforma electoral, por ejemplo, plantea la desaparición del INE y la eliminación de los legisladores de representación proporcional que han asegurado la pluralidad en el Congreso.
La elección popular de los ministros, Magistrados y consejeros electorales sería un enorme riesgo dado que los cargos no los ocuparían los más capaces, sino los más populares.
La reforma en materia eléctrica es un contrasentido ya que representa insistir en una propuesta recientemente rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antagónica a tratados internacionales y que terminaría afectando a los consumidores, a los productores de energías renovables y al medio ambiente.
La reforma que apuesta por la militarización de la Guardia Nacional al transferirla a la Secretaría de la Defensa Nacional, no se entiende porque debe preservarse la separación entre las corporaciones civiles y las militares.
La eliminación de los Órganos Autónomos es inadmisible ya que estos han permitido consolidar nuestra democracia y la vigencia de derechos como: el de acceso a la información pública (INAI); gozar de los beneficios de la libre competencia (COFECE); de mejores servicios de telefonía (IFT); conocer evaluaciones de la política social y su eficiencia (CONEVAL); o del regulador del mercado energético (CRE).
La reforma en materia de simplificación administrativa desaparecería instituciones como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) que han demostrado su beneficio protegiendo a los mexicanos.
La reforma para promover el Servicio Ferroviario de Pasajeros es una reforma al Artículo 28, para llevar a la Constitución el Decreto publicado el 20 de noviembre de 2023 en el que se considera área prioritaria para el desarrollo nacional el transporte ferroviario de pasajeros.
Esta tiene dos cuestiones delicadas: Primero, se piensa “retomar el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros” lo que implicaría afectar concesiones ya otorgadas a particulares para transporte de carga que están vigentes y podría tener implicaciones en materia de certidumbre jurídica o derivar en litigios.
Segundo, se considera no licitar sino en “asignar” a privados esos proyectos. Si bien el ánimo de promover los trenes para transporte de pasajeros podría ser positivo la forma en que pretende ejecutarse podría afectar derechos adquiridos o concesiones en curso, y no generaría una libre competencia ya que sería la autoridad quien “asigne” los proyectos.
4. Reformas que requieren amplio debate. Las relativas a Programas Sociales, por ejemplo, requieren un amplio análisis; ya que los apoyos y becas son muy necesarios, pero no se establece con claridad de dónde saldrán los recursos para sostenerlos o ampliarlos como ocurriría si se reduce la edad para recibir la pensión de adulto mayor de 68 a 65 años de edad.
Por otro lado, la fijación de precios de garantía distorsionaría el mercado afectando la oferta de maíz, frijol, leche, arroz y trigo.
La reforma en materia de pensiones es otra que requiere un debate muy profundo porque no es claro cuál será la fuente efectiva y real de los recursos que aportaría el gobierno.
Se señala la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar que se integraría a partir de aportaciones provenientes en un 75% del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de los ingresos que se obtengan de la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; de los montos de los adeudos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos, así como de las entidades federativas, de los poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones públicas municipales o de cualesquiera de sus entes públicos que tengan pendientes de pago ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el ISSSTE o el IMSS; así como de los recursos por la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del INFONAVIT, garantizando en todo momento la imprescriptibilidad de los recursos propiedad de los trabajadores. Incluso se habla de que el Fondo se complementaría con aportaciones derivadas del reintegro de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, esto es algo que está controvertido actualmente ante la Suprema Corte.
Por lo tanto, si bien es positivo pensar en incrementar las pensiones, es necesario un debate para que las fuentes de recursos públicos para las aportaciones adicionales sean sólidas y estables en el largo plazo, advertimos que en sus términos la reforma derivaría o en tener que reorientar recursos de otros rubros del gasto público como podrían ser salud o educación, o en mayor contratación de deuda que terminaríamos pagando todos los mexicanos.
El llamado de COPARMEX
Roberto Vega, expresó que a COPARMEX le preocupa que este paquete de reformas se haya presentado en un momento poco propicio para su discusión porque, al presentarse de manera simultánea al proceso electoral, su discusión podría verse condicionada. De igual manera, pareciera que no se considera que dichas reformas requieren del consenso entre fuerzas políticas.
Consideró que, así como deben ser analizadas estas propuestas en el Congreso para conocer su viabilidad, también deberán escucharse los planteamientos de la oposición que ha considerado analizar temas de relevancia como el restablecimiento del Seguro Popular, las estancias infantiles o la jornada escolar de tiempo completo que serían de enorme ayuda para las familias.
COPARMEX, añadió, alza la voz y advierte que existen una serie de temas que deberían estarse abordando con urgencia y que no están considerados en las reformas planteadas.
Dijo que el país enfrenta condiciones muy críticas por la inseguridad, un crecimiento preocupante de zonas de influencia del crimen organizado, asaltos al transporte en muchas carreteras del país, desplazamientos en comunidades, población migrante en aumento; al igual que el desabasto de agua y el de medicamentos y vacunas.
«Nuestro llamado es para que en el Congreso se discutan a fondo los temas que inquietan y preocupan a la población, y que no se apueste por la regresión democrática mediante el desmantelamiento de instituciones que han servido para que hoy gocemos de nuestros derechos.
Bien lo dijo Benito Juárez, se debe gobernar con plena sujeción a las leyes, y no hay ley más importante que la Constitución. Por lo tanto, en este aniversario de nuestra Carta Magna, recordamos que tener un Estado de Derecho sólido pasa por la ineludible responsabilidad de todos para respetarla y acatarla», concluyó.
