MEXICALI, MAYO 11, 2024.- Diputadas y diputados de la XXIV Legislatura reafirman su compromiso de tomar en cuenta las opiniones y necesidades de las y los ciudadanos al momento de elaborar nuevas leyes, desde la ejecución de diálogos abiertos, consultas públicas y la colaboración bipartidista, con el objetivo de desarrollar leyes que sean representativas, efectivas y de beneficio para la sociedad bajacaliforniana.
Como ejemplo de ello, resaltan las distintas mesas de trabajo que se realizaron previas a la aprobación por mayoría de las y los legisladores, de la reciente Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas del Estado, instrumento jurídico necesario en nuestro marco normativo local para dar respuesta a las necesidades y desafíos actuales en esta materia.
Para arribar al Dictamen No. 10 de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional; que dio vida precisamente a la ley referida, fue importante recabar las opiniones de los colectivos especializados en la búsqueda de personas desaparecidas, organismos y asociaciones de la sociedad civil, académicos, así como de las autoridades competentes, para fortalecer su contenido y establecer funciones obligaciones y responsabilidades.
Incluso fueron invitados para participar en los trabajos de parlamento abierto, los abogados representantes de los colectivos de madres buscadoras, pero estos no atendieron las distintas convocatorias.
Las leyes no pueden considerar todos los escenarios posibles debido a la complejidad y los cambios de la sociedad, a raíz de esto, es que las y los diputados aprueban reformas para adaptarse a diferentes contextos y necesidades emergentes. Por lo tanto, las leyes establecen principios generales y normas amplias que pueden aplicarse a una variedad de situaciones, pero también pueden requerir interpretación y ajustes en casos específicos.
Cabe señalar que cuando se publica una nueva ley, se especifica un periodo adecuado para que los diferentes poderes del Estado y las demás instituciones involucradas, realicen los ajustes necesarios para garantizar su efectiva aplicación. Tiempo que permite adaptaciones administrativas, capacitación del personal y una transición fluida hacia la implementación de la ley.
