WASHINGTON, JULIO 31, 2024.- La Casa Blanca precisa que “demaciados estadounidenses han perdido hijos, cónyuges y amigos a causa de drogas peligrosas fabricadas ilícitamente como el fentanilo” y lo define como “una lacra que” no conoce fronteras geográficas ni políticas y que causa estragos en familias y comunidades en todo Estados Unidos.
Por eso, desde el primer día, la Administración Biden-Harris ha hecho de la interrupción del suministro de fentanilo y otras drogas sintéticas ilícitas una prioridad fundamental.
Como parte de su Agenda de Unidad (en inglés) para la nación, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris han tomado una serie de medidas para combatir la epidemia de opioides:
Los funcionarios de fronteras han detenido más fentanilo ilícito en los puertos de entrada en los dos últimos años fiscales que en los cinco anteriores juntos.
Solo en los últimos cinco meses, se han incautado en las fronteras estadounidenses más de 442 millones de dosis de fentanilo potencialmente mortales. La Administración Biden-Harris sigue invirtiendo en tecnología de detección en las fronteras de Estados Unidos, añadiendo docenas de nuevos sistemas de inspección, y docenas más entrarán en funcionamiento el próximo año.
La Administración Biden-Harris ha hecho que la naloxona (en inglés), una medicina vital para hacer retroceder las sobredosis de opioides, esté disponible en las farmacias sin necesidad de receta médica y ha invertido más de 82 mil millones de dólares en tratamientos, un 40 por ciento más que la administración previa.
En 2021, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva (en inglés) dirigida a personas extranjeras que participan en el comercio mundial de drogas ilícitas y desde entonces se ha sancionado a más de 300 personas y entidades bajo su autoridad, impidiendo por tanto que utilicen el sistema financiero de Estados Unidos.
Gracias a estos esfuerzos, el número de fallecimientos por sobredosis en Estados Unidos ha empezado a descender por primera vez en cinco años.
Pero incluso una muerte es demasiado. Por ello, el presidente Biden emitirá hoy un nuevo Memorando de Seguridad Nacional en el que se insta a todos los departamentos y agencias federales pertinentes a hacer aún más para detener el suministro ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos en nuestro país.
El presidente Biden y la vicepresidenta Harris también instan al Congreso a promulgar leyes que endurezcan las penas contra quienes introducen drogas mortales en nuestras comunidades así como para cubrir las lagunas jurídicas de las que se aprovechan los narcotraficantes.
El Memorando de Seguridad Nacional
El Memorando de Seguridad Nacional (NSM) que emitirá el Presidente insta a todos los departamentos y agencias federales pertinentes a hacer aún más para detener el suministro de fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos en nuestro país. A medida que los traficantes y proveedores de drogas se adaptan, nosotros también debemos hacerlo. El NSM dirige aún más la recopilación de información, una coordinación y cooperación aún más intensas entre departamentos y agencias, e incluso más acciones para interrumpir la producción y distribución de fentanilo ilícito.
El NSM es un paso más en el empeño continuo de la Administración Biden-Harris por reducir drásticamente el suministro de drogas ilícitas y sus precursores químicos, y proteger las vidas de los estadounidenses.
Propuesta para detectar y derrotar
Hoy, la Administración Biden-Harris también alienta al Congreso a tomar medidas para combatir el fentanilo ilícito, incluyendo la aprobación de la propuesta de la Administración contra el fentanilo “Detectar y derrotar”.
Esta propuesta incorpora muchas de las ideas bipartidistas presentadas por los miembros del Congreso, y aumentará la capacidad de Estados Unidos para detectar e incautar drogas ilícitas y hacer que los narcotraficantes rindan cuentas.
La propuesta proporcionará a los funcionarios de fronteras las herramientas que necesitan para rastrear y localizar con mayor eficacia los millones de pequeños cargamentos de pocos dólares que cruzan nuestras fronteras cada día, cerrando así una laguna de la que se aprovechan los narcotraficantes. Establecería un registro nacional de prensas y máquinas para hacer tabletas y píldoras para que las fuerzas del orden puedan rastrear estas máquinas y protegerlas de su uso ilícito en la producción de píldoras de fentanilo falsas. Y regularía de forma permanente las sustancias relacionadas con el fentanilo como drogas de la “Lista I”, sometiendo su distribución y posesión a penas más severas.
Las medidas de hoy se suman a una serie de medidas adicionales que la Administración Biden-Harris ha venido aplicando para combatir la epidemia de los opiáceos, incluyendo las siguientes:
Desde el año 2021 el Departamento de Justicia ha arrestado y procesado a docenas de connotados líderes de cárteles mexicanos, narcotraficantes e implicados en el lavado de dinero, entre ellos el cofundador del cártel de Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada García (en inglés), el líder de Chapitos Néstor Isidro “El Nini” Pérez Salas (en inglés), y a los principales comerciantes de químicos del cártel de Jalisco Nueva Generación (en inglés) poniendo en prisión a peligrosos traficantes de drogas ilícitas.
En noviembre de 2023 el presidente Biden negoció el reinicio de la cooperación contra los narcóticos con la República Popular China (RPC) (en inglés), impulsando una mayor cooperación en la aplicación de medidas de aplicación de la ley así como en los esfuerzos en curso para clausurar las compañías que impulsan el tráfico del fentanilo ilícito y drogas sintéticas que provocan fallecimientos en Estados Unidos.
La Administración Biden-Harris ha participado con líderes de todo el mundo (en inglés) para impulsar medidas en la lucha contra los opiáceos sintéticos a nivel mundial, estableciendo un Comité Trilateral de Fentanilo con los gobiernos de México y Canadá (en inglés) y creando la Coalición global para abordar las amenazas de las drogas sintéticas (en inglés) que une a más de 150 países en el esfuerzo.
En 2024 la Administración Biden-Harris inició una asociación para compartir información con entidades financieras, con los encargados de aplicar la ley y con agencias de seguridad nacional como parte de esfuerzo en curso para cortar el acceso de los narcotraficantes al sistema financiero internacional así como para frenar el financiamiento ilegal del comercio de drogas.
