CIUDAD DE MÉXICO, OCTUBRE 3, 2024.-El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una reforma que impone restricciones a la renta de inmuebles a través de plataformas digitales como Airbnb, en un esfuerzo por regular el creciente mercado de alojamientos temporales y equilibrar la competencia con la industria hotelera. La reforma, impulsada por el jefe de gobierno Martí Batres, fue aprobada con 49 votos a favor de todos los partidos, 6 en contra y 9 abstenciones, todos del PAN.
La nueva normativa establece que los propietarios no podrán alquilar sus inmuebles por más del 50% de las noches al año, es decir, un máximo de seis meses. Si se excede este límite, los dueños deberán esperar un año completo para volver a registrar sus propiedades en estas plataformas.
Esta medida ha generado un debate encendido en el recinto legislativo. Mientras que la mayoría de los partidos apoyaron la regulación, el PAN se opuso, argumentando que atenta contra el derecho a la propiedad privada. Diego Garrido, diputado panista, calificó la reforma como una interferencia indebida del gobierno en asuntos privados. «El gobierno no debe decidir sobre el uso de las propiedades privadas, esto podría sentar un peligroso precedente para futuras restricciones en otros bienes personales», advirtió Garrido.
Por su parte, la legisladora de Morena, Xóchitl Bravo, defendió la iniciativa y señaló la aparente contradicción del PAN, recordando que en la legislatura anterior apoyaron una regulación similar. Bravo también acusó a los opositores de priorizar los intereses de algunos propietarios sobre la protección de los ciudadanos y la competencia justa.
Además de las restricciones en la duración del alquiler, la reforma también prohíbe el uso de inmuebles que forman parte de programas de vivienda social, popular y de reconstrucción en plataformas digitales. Con esta medida, el Congreso busca prevenir el encarecimiento de las rentas y el desplazamiento de los residentes locales por fenómenos de gentrificación, un problema creciente en algunas zonas de la capital.
Este dictamen es parte de un esfuerzo más amplio para regular el mercado inmobiliario en la Ciudad de México, en un contexto donde el acceso a la vivienda asequible se ha convertido en una prioridad tanto para el gobierno como para la ciudadanía.
