MEXICALI, NOVIEMBRE 3, 2024.- Para tipificar la Violencia Institucional y establecer sanciones a la persona servidora pública que no solicite, emita o ejecute las Órdenes de Protección en términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, la diputada morenista, Michel Sánchez Allende presentó iniciativa de reforma al Código Penal para el estado.
Al sustentar su iniciativa, la legisladora explicó que las autoridades tienen la obligación de asegurar que sus acciones se encuentren encaminadas a garantizar el goce y ejercicio de los derechos, al bienestar, a vivir una vida libre de todas las formas de violencias y garantizar su integridad personal en todos los espacios.
Señaló que de 2015 al año 2019, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) presentó un Análisis Situacional en Materia de Derechos Humanos en Baja California 2019, con el objetivo de visibilizar el grado de avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Poder Ejecutivo de la Entidad, indicando que se presentaron 30,858 intervenciones y 11,452 se calificaron como quejas.
Así entonces, el número de quejas por violación a los derechos humanos por parte de las autoridades es alarmante, ya que uno de los mayores retos que se observa para el goce y ejercicio de los derechos humanos es la omisión o el actuar de las autoridades.
Refirió que en Baja California, el único esfuerzo por plantear una definición específica para el concepto de Violencia Institucional en términos jurídicos es la que señala la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, sin embargo, no hay una sanción expresa en el ámbito del derecho penal.
Cabe destacar que la presente iniciativa fue inspirada en las propuestas para atender la Alerta de Violencia de Género contras las Mujeres, así como en la reciente Recomendación 8/2024 emitida por la CEDHBC, que resultó de la violencia feminicida en agravio de Daryela en enero de 2023, previo a la revictimización tras las llamadas que realizó al 911 para solicitar la intervención de protección policial y las 2 denuncias que presentó antes de ser víctima de feminicidio.
La congresista propone que se sancione a quien discrimine públicamente la imagen de la mujer, asociándose a roles estigmatizados que impidan su empoderamiento o su acceso a la igualdad sustantiva, a una vida libre de violencia, o bien, a quien tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de sus derechos o su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos y modalidades de violencias.
