MEXICALI, NOVIEMBRE 23, 2024.- El Congreso del estado emitió un atento exhorto al Fiscal General del Estado de Oaxaca, al Lic. José Bernardo Rodríguez Alamilla, para que se atienda con diligencia reforzada las solicitudes de colaboración solicitadas por la Fiscalía General del Estado de Baja California, dentro del expediente Número Único de Caso 0202-2024-29213, para localizar al imputado dentro de dicha carpeta de investigación.
Este acuerdo parlamentario fue propuesto y leído en tribuna por la diputada morenista Liliana Michel Sánchez Allende, quien expuso que uno de los crímenes más atroces y que más duele a la sociedad son los cometidos contra niñas, niños y adolescentes, en virtud de tratarse de personas que, por su edad y desarrollo, requieren de la protección y cuidados no sólo del Estado, sino de sus madres, padres y la propia comunidad.
“Es el caso que, la señora Adriana, de quién no se proporcionará su nombre completo por ser un dato sensible, se acercó a la suscrita para plantearme una la petición, respecto al expediente penal de Número Único de Caso antes mencionado, en el que refirió que se ejerce maltrato y violencia contra su nieta y nieto, de 6 y 4 años respectivamente, señalando tanto a su hija, madre de los menores, como al padrastro”.
Abundó que la carpeta de investigación ya se encuentra judicializada y se ha girado una orden de aprehensión en contra del padrastro, además de que la señora Adriana indicó que recibe llamadas de su hija desde el municipio de Santo Domingo Toejomulco, Oaxaca, donde refiere estar en contra de su voluntad y por miedo de las amenazas del imputado.
La denunciante ha solicitado reiteradamente información en Fiscalía sobre el estatus de la orden de aprehensión, proporcionando nuevos datos de prueba e incluso de amenazas de muerte que ha recibido de parte de su yerno, así como del peligro en el que se encuentra su hija; sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía de Baja California, las autoridades de Oaxaca no han realizado las diligencias necesarias para ejecutar las órdenes de aprehensión, señalando como motivo que la comunidad se encuentra muy alejada.
La legisladora subrayó que al ser un proceso penal que involucra menores, se debe atender con diligencia reforzada, es decir, tomar un conjunto de medidas especiales para garantizar la protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes y su bienestar durante todo el proceso, incluyendo la ejecución de las órdenes de protección.
