MEXICALI, SEPTIEMBRE 1, 2026.- “Queremos escuelas seguras para nuestras niñas, niños y adolescentes, pero también para que quienes trabajan en estas puedan ejercer su profesión con dignidad, sin violencia y con la certeza de que las instituciones actuarán con imparcialidad”.
Esto fue indicado por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, al presentar un posicionamiento relativo a la protección del magisterio y del personal educativo, mediante el cual refrenda el compromiso con su dignidad, integridad y derechos laborales y profesionales.
Al hacer uso de la Máxima Tribuna, expuso que la educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Detrás de cada aula, escuela y de cada generación de estudiantes se encuentra su trabajo diario.
Sin embargo, hizo hincapié en que, en los últimos años, el personal educativo ha enfrentado situaciones de violencia, acoso, hostigamiento, amenazas, señalamientos públicos y procedimientos derivados de conflictos dentro de las comunidades escolares.
En muchos casos, estas circunstancias pueden generar incertidumbre, desgaste emocional y afectaciones a la estabilidad laboral y profesional de quienes dedican su vida a la educación.
Por ello, presentó el 11 de agosto del año en curso su iniciativa que crea la Ley de Protección al Entorno y los Derechos del Magisterio y Personal Educativo del Estado, misma que fue turnada para su estudio a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, para la elaboración del dictamen correspondiente y, en su caso, la aprobación del Pleno.
Desde Baja California —subrayó—, particularmente desde esta Legislatura, debemos seguir trabajando para que quienes dedican su vida a formar generaciones tengan también instituciones que los acompañen, los protejan y respeten plenamente sus derechos.
Su propuesta parte de un principio fundamental: proteger al magisterio no significa limitar el derecho de denuncia ni obstaculizar la protección de niñas, niños y adolescentes. Lo que significa es garantizar que todos los procedimientos se desarrollen con legalidad, imparcialidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos.
Reconoce expresamente el interés superior de la niñez y establece que las medidas de protección dirigidas al personal educativo no podrán contravenir las determinaciones de las autoridades competentes ni las medidas de protección dictadas en favor de infancias y adolescencias.
Montse Murillo refrendó su compromiso con quienes diariamente sostienen nuestras escuelas, resaltando que defender sus derechos no significa estar en contra de las familias ni de las y los estudiantes y que, por el contrario, significa construir un Sistema Educativo donde exista equilibrio, respeto, responsabilidad y justicia para todas las partes.
Finalmente, puntualizó que la citada iniciativa representa un paso hacia ese objetivo y hacia la construcción de un marco jurídico estatal que reconozca la protección del personal educativo. “Porque protegerlo es proteger la educación pública y, con ello, al futuro de Baja California. Y es el compromiso que refrendamos desde esta tribuna”.
