TIJUANA, OCTUBRE 10, 2026.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, obtuvo la vinculación a proceso de Carlos Adrián “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 10:20 horas, sobre la calle Lucha, en la colonia Antorcha Campesina, cuando el imputado se encontraba a bordo de un vehículo Toyota, línea C-HR, color gris plateado, con placas de California.
En el lugar también se encontraban las víctimas Román Alberto y una mujer, a bordo de un vehículo Honda Accord, color gris plateado. Al emparejarse ambas unidades, el imputado Carlos Adrián “N” le preguntó a Román Alberto si tenía algún problema. La víctima respondió que únicamente quería pasar, momento en que otro masculino se acercó para pedirle al imputado que se calmara.
Presuntamente, Carlos Adrián “N” sacó un arma de fuego y disparó contra él y posteriormente contra Román Alberto y la mujer. Como consecuencia de la agresión, Román Alberto perdió la vida a causa de una herida perforante de cráneo producida por proyectil de arma de fuego, mientras que los otros dos resultaron lesionados, sin que las heridas les causaran la muerte gracias a la atención médica oportuna.
El 23 de septiembre de 2026, agentes investigadores cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Carlos Adrián “N”. Posteriormente, el 24 de septiembre se celebró la audiencia inicial de formulación de imputación y, el 29 de septiembre, se llevó a cabo la audiencia en la que el juez determinó vincularlo a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio tentado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijando un plazo de tres meses para la investigación complementaria, el cual vence el 29 de diciembre de 2026.
La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar los delitos que atentan contra la vida y de llevar ante la justicia a quienes sean señalados como probables responsables, garantizando el debido proceso y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
