MEXICALI, OCTUBRE 17, 2026.- La Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, presentó una Iniciativa con el objeto de tipificar y sancionar las imputaciones y quejas falsas contra personal docente y directivo.
Dicha iniciativa de la Legisladora del Partido Movimiento de Regeneración Nacional consiste en una adición al artículo 320 Ter y 320 Quater del Código Penal del Estado de Baja California.
La protección se confiere por la función desempeñada y no por la persona, con independencia de que la institución sea pública o privada. En suma, la iniciativa reconoce que combatir las denuncias falsas, no implica limitar el derecho a denunciar, sino garantizar que dicho derecho se ejerza con responsabilidad, evitando su uso como mecanismo de presión, represalia o daño injustificado.
Montse Murillo resaltó que la denuncia es un derecho de las víctimas y un cauce indispensable para proteger a la niñez, y como tal debe garantizarse. Pero la imputación dolosamente falsa, no es ejercicio de ese derecho, sino su desvío: lesiona a la persona inculpada, distrae a las autoridades de los casos genuinos y puede erosionar la credibilidad de las denuncias legítimas.
Por ello, con esta reforma, la Entidad avanzaría hacia un modelo más justo, garantista y equilibrado que fortalezca la confianza en las instituciones educativas, y brinde certeza tanto a docentes como a la comunidad escolar.
Al motivarla, mencionó que, en los últimos años se ha visibilizado una problemática creciente dentro del Sistema Educativo Estatal: la proliferación de denuncias, señalamientos y acusaciones públicas en contra del personal docente que, en múltiples casos carecen de sustento o se realizan sin elementos probatorios suficientes.
Estas situaciones, han sido amplificadas por el uso de redes sociales y medios digitales, donde la difusión inmediata de acusaciones genera juicios anticipados que vulneran la presunción de inocencia.
Diversos casos difundidos en medios de comunicación han evidenciado en Baja California que, docentes han sido separados de sus funciones; exhibidos públicamente o sujetos a procesos administrativos, derivado de denuncias que posteriormente resultan infundadas o inconsistentes, sin que medie un análisis objetivo inicial de los hechos denunciados.
La falta de mecanismos claros para distinguir entre denuncias fundadas y aquellas realizadas con dolo o mala fe, pueden propiciar abusos que distorsionan el objetivo legítimo de protección de los educandos.
