TIJUANA, OCTUBRE 27, 2026 .- La Alianza Mexicana de Abogados (AMA) hizo un llamado al Poder Judicial de Baja California para revocar el Acuerdo 07-2026, pues considera que la autoridad judicial excedió sus facultades al establecer requisitos de especialización para ejercer la representación legal en asuntos de materia familiar, al tratarse de una disposición que, a su consideración, corresponde al ámbito legislativo y no al Poder Judicial.
Reyna Ramírez Oropeza, presidenta de la Delegación de Baja California de la AMA, explicó que el acuerdo, emitido en marzo de este año, generó inconformidad entre integrantes de la comunidad jurídica y asociaciones de abogados, ya que contempla la exigencia de contar con una especialización acreditada mediante cédula y estudios de maestría para llevar litigios familiares.
Aclaró que su postura no implica estar en contra de la profesionalización y la capacitación continua de los abogados, sino de que el Poder Judicial establezca disposiciones que, a su consideración, corresponden a los legisladores.
“Entonces, lo que estamos en contra nosotros es de que el Poder Judicial legisle; esa no es su función, su función es impartir justicia, aplicar lo que los legisladores hicieron en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores”, expresó.
Ramírez Oropeza indicó que, durante una reunión con el presidente del Tribunal y los integrantes del Comité Implementador del Nuevo Código, se les informó que dicho acuerdo sería modificado para que la exigencia pudiera sustituirse por un diplomado u otra preparación especializada.
En ese contexto, señaló que, hace dos semanas, el presidente del Tribunal reiteró el compromiso de enviarles la modificación; sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta. Asimismo, manifestó que esperan que el magistrado Nelson Kim Salas, coordinador del Comité para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, explique las razones por las cuales no se ha concretado la modificación del acuerdo o, en su caso, su revocación.
Por su parte, el licenciado Carlos Atilano, comisionado de la Alianza Mexicana de Abogados, indicó: “Hoy le exigimos una vez más al Tribunal Superior de Justicia, al Poder Judicial del Estado, que nos cumpla con esa emisión de la revocación del decreto y suspender todos estos diplomados que han estado implementando, hasta en tanto tengamos certeza de la vigencia de esta ley”.
Atilano también expresó inconformidad por la falta de implementación del protocolo de protección para abogados, un tema que, afirmó, se ha discutido durante meses con el Gobierno del Estado y que, pese a que supuestamente ya fue aprobado, continúa pendiente.
“Entonces, un llamado a la autoridad para que nos digan si hay seriedad en el tema o mejor buscar alternativas de autoprotección”, concluyó.
