TIJUANA, OCTUBRE 27, 2026.- Un llamado a las autoridades para que se acelere la entrada en vigor del protocolo de seguridad es el que continúa haciendo el gremio jurídico, señaló Daniel Avitia Beltrán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana.
Comentó que se había establecido, en la primera semana del mes de octubre, un último acercamiento con las autoridades para que los colegios de abogados enviaran observaciones, algún cambio o propuesta, a efecto de que ya quedara el borrador definitivo del protocolo de protección al gremio jurídico.
Manifestó que esta etapa ya se concluyó y que, aunque las autoridades tienen el proyecto final, hace falta que confirmen una cita para poder realizar la firma de este protocolo.
Avitia Beltrán consideró que, ante la cercanía de la agenda electoral del próximo año y la posibilidad de que ya no estén en sus cargos las autoridades con las que se trabajó el protocolo, es importante que este quede listo a la brevedad.
Por otra parte, el presidente del Colegio de Abogados hizo referencia al tema que se abordó durante la sesión ordinaria y que es de gran trascendencia para el ejercicio de la profesión.
Mencionó que el tema abordado fue “El nuevo Poder Disciplinario Judicial: alcances, límites y responsabilidades en Baja California”, expuesto por la magistrada Guadalupe Ricardo Rodríguez, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial de Baja California.
“Considero fundamental que, como gremio jurídico, tengamos un acercamiento directo con las instituciones que forman parte de nuestro sistema de justicia. Conocer de primera mano cómo está funcionando el Tribunal, cuáles son sus facultades, sus criterios de actuación y los mecanismos mediante los cuales ejerce sus atribuciones nos permitirá comprender mejor esta nueva realidad judicial y participar de manera informada en su evolución”, expresó.
La abogacía organizada, agregó, debe mantenerse cercana a las instituciones, no para ser espectadora de sus decisiones, sino para comprenderlas, analizarlas y contribuir, desde el conocimiento jurídico y el diálogo institucional, al fortalecimiento de la justicia en Baja California.
