CIUDAD DE MÉXICO, MARZO 2020.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al Gobierno de Baja California, a la Secretaría de Salud, Guardia Nacional, al Instituto Nacional de Migración, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja California y a la Presidenta Municipal de Tijuana, Baja California, para salvaguardar la seguridad, integridad física y vida de las personas en contexto de migración que se encuentran en el campamento “El Chaparral” en esa entidad federativa.

 

A la CNDH le preocupa que el campamento carezca de las condiciones básicas de alojamiento digno, alimentación y salud, frente al contexto de emergencia sanitaria que vive el país derivado de la pandemia por COVID-19, ya que la alta concentración de personas migrantes en ese lugar impide que la mayoría mantenga la distancia social recomendada por la Secretaría de Salud, además de que no se les ha dotado de cubrebocas e insumos de higiene. De no implementarse acciones urgentes, que tiendan a cubrir sus necesidades básicas, además de brindarles protección y auxilio a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, pudieran generarse afectaciones a su salud e integridad, violentando sus derechos humanos.

Por ello, exhortó a las autoridades señaladas para que, en el ámbito de sus competencias, realicen todas las acciones necesarias para garantizar la atención humanitaria de urgencia, en especial para las niñas, niños y adolescentes, al dotarlos de agua, suero hidratante, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, personal médico especializado y de primeros auxilios, medicamentos, ambulancias para conducciones a unidades hospitalarias, infraestructura sanitaria, insumos de aseo personal, cubrebocas y gel antibacterial, pañales desechables, entre otros.

De igual forma, pide que  conformen un grupo multidisciplinario, compuesto por médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, entre otros, que brinden atención integral a los menores de edad, determinen el interés superior de la niñez y dicten las medidas de protección especiales que requieran; implementen acciones inmediatas para que se habiliten lugares de alojamiento acorde al número de personas migrantes que se encuentran en el campamento, para incentivar que la población mantenga la distancia social para mitigar contagios de COVID-19.

La CNDH tuvo conocimiento del pronunciamiento denominado “Urgente visibilizar y atender las necesidades y peticiones de las personas en espera de los procesos de solicitud de asilo en la frontera de Tijuana-San Diego para garantizar sus derechos humanos”, suscrito por diversas organizaciones de la sociedad civil, el 16 de marzo de 2021.

El comunicado detalla la situación de riesgo e inseguridad que viven mil 500 personas en contexto de migración, de las que 300 personas son niñas y niños, 50 lactantes entre 0 y 3 años de edad y 10 mujeres embarazadas, quienes están a la espera de solicitar asilo a las autoridades de Estados Unidos; sin embargo, el campamento carece de la infraestructura para garantizar el acceso y respecto a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, integridad personal y a la protección de la salud.

Lo anterior fue corroborado por personal de la CNDH mediante visitas efectuadas a la explanada de la Garita Peatonal Tijuana-San Ysidro “El Chaparral” (PEDWEST), donde se observaron varias tiendas de campaña extendidas sobre la carpeta asfáltica y la presencia de una patrulla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. También se advirtió un gran número de menores de edad; se conversó con personas migrantes quienes precisaron que se encontraban ahí por decisión propia en espera de emprender su proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos; no obstante, la problemática en el sitio es la inseguridad, falta de servicio médico permanente y acceso a medicamentos, insumos de higiene y omisiones en la atención y protección del interés superior de la niñez.

La CNDH también solicitó al Gobierno de Baja California, a la Guardia Nacional y a la Presidencia Municipal de Tijuana, Baja California, establezcan las medidas necesarias para brindar seguridad y protección a las personas migrantes que se encuentran en el interior y en las inmediaciones del campamento, para evitar que pongan en riesgo sus bienes, integridad física y su vida.

Además, pidió nombrar a una persona representante, con facultad de decisión, por cada una de las autoridades o dependencias destinatarias a quienes se dirigió la solicitud de medidas cautelares, para integrar una mesa de coordinación de acciones, que permita dar seguimiento al caso, y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

La CNDH permanecerá atenta a su respuesta y, de ser aceptadas las medidas cautelares, dará seguimiento a la implementación y cumplimiento de las mismas, vigilando que se respeten los derechos humanos.

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