En 2011, el Estado mexicano llevó a cabo la reforma constitucional más importante de los últimos tiempos, la reforma de los derechos humanos.

Esta reforma estipula que toda persona disfruta de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – derechos fundamentales – y en los tratados signados por el Estado mexicano. Además, obliga a las autoridades del gobierno mexicano a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La reforma ha sido bien recibida por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, los principales desafíos de esta reforma están en su cumplimiento, es decir,
en cómo hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas. La infortunada aparición del COVID-19 ha expuesto aún más esta necesidad, pero, en particular el del acceso a las TIC.

La propagación del coronavirus nos ha obligado a todos y todas, en mayor
o menor medida, a realizar nuestras actividades (educativas, laborales, de auto- aprendizaje lúdicas, entre otras) desde casa dependiendo del acceso, uso y apropiación que cada persona tiene de las TIC. ¿Pero, a que contexto se nos estamos enfrentando?

Siguiendo su tradición, México es el país más avanzado de América Latina en cuanto al reconocimiento formal del acceso a las TIC como un derecho fundamental y humano.

En 2013, se llevó a cabo una reforma constitucional para disminuir la brecha digital en México en comparación con los países desarrollados.

La reforma consistió básicamente en señalar, en el Artículo 6 de la Constitución Mexicana, que el Estado garantizaría el derecho de acceso a las TIC así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida
la banda ancha y el Internet.

El objetivo, se señaló, es permitir que los mexicanos se integren a la sociedad de la información y el conocimiento. Los artículos transitorios de la reforma también especificaron que, para fines de 2018, el estado ampliaría el acceso a Internet con una velocidad acorde a la media registrada en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para llegar, al menos, al 70% de todos los hogares a nivel nacional.

Sin embargo, según la Encuesta nacional de disponibilidad y uso de las TIC en los hogares (ENDUTIH) que realizaba anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) – la encuesta se suspendió en 2020 por la pandemia del coronavirus-, a fines de 2019, el acceso a internet había llegado apenas al 56.4%, principalmente, por la falta de recursos económicos de las personas para contratar el servicio.

De hecho, los precios de acceso a Internet de banda ancha fija en México aún están por encima de los precios promedio en los países de la OCDE a pesar de que han disminuido en los últimos años.

Las consecuencias son, por ejemplo, que a las personas les resulta difícil utilizar Internet para su educación o sus actividades laborales, ya que Internet de banda ancha fija es el que se utiliza principalmente para tal fin, mientras que la banda ancha móvil se utiliza principalmente para redes sociales o entretenimiento.

El problema no termina ahí, si bien en los últimos años han habido algunos esfuerzos gubernamentales para cerrar la brecha de habilidades digitales (e-México, agenda digital.mx, política de inclusión digital), estos han sido infructuosos porque se basan en enfoques teóricos desarrollados por
organizaciones internacionales y no sobre datos empíricos.

El reconocimiento de los derechos humanos impone la necesidad de establecer medidas judiciales que permitan a las personas acudir ante una autoridad si la parte obligada no cumple con su obligación.

Hasta ahora, el estado mexicano no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho humano de acceso a las tecnologías de la información
y comunicación, específicamente de la banda ancha y el internet.

Sin embargo, son pocos los canales que se tienen para exigir acciones específicas por parte del gobierno para que nos garantice este derecho humano. Más aún, existe poca certidumbre sobre las medidas que se tomarán ante las consecuencias que deriven de la falta de acceso a las TIC durantel a pandemia del COVID-19.

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