TIJUANA, JULIO 26, 2020. La Administración Estatal que encabeza el
Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, presentó más pruebas en
contra de la esposa del ex mandatario de la entidad, Francisco “Kiko” Vega, por
desvío de recursos públicos, donde quedó demostrado que firmaba contratos con
organizaciones y era la persona directamente responsable del destino de esos
recursos públicos.

“Aportamos más pruebas, para que la señora Brenda Ruacho comparezca, existen
los elementos y pedimos a las autoridades pertinentes que la citen; para nosotros
es claro que hay una desviación de recursos y exigimos que se esclarezca y que
exigimos que se haga justicia, el pueblo de Baja California quiere una rendición de
cuentas claras y por eso seguiremos pendiente de este caso y de otros que
presentaremos próximamente”, dijo Amador Rodríguez Lozano, Secretario
General de Gobierno.

Recordó que la denuncia que se interpuso en días pasados por presuntos malos
manejos en el centro CRIT y Villas del CRIT, en Tijuana, tras detectarse que se
abrieron dos cuentas de banco, una oficial y otra personal, donde captaron fondos
públicos utilizándolos presuntamente para fines personales.

El funcionario público dijo a través del licenciado José Luis Díaz Martínez, director
de la Unidad Jurídica en Combate a la Corrupción aportó más pruebas, las cuales
ya podrían ser causal para que citen nuevamente a Brenda Ruacho ante las
autoridades.

Por su parte Díaz Martínez afirmó que, ya se tienen las pruebas de que la esposa
de Kiko Vega tenía un nombramiento y aunque era honorario, si le permitía firmar
contratos de muchos millones de pesos.

“Recibimos el nombramiento de la señora, aunque sea honorario, tenía su equipo
de trabajo propio; también se presentaron las pruebas de los contratos que ella
realizaba en su calidad de Presidenta del Patronato del DIF y firmaba contratos
por lo que, si se presume la comisión de varios delitos”, dijo el funcionario estatal.
La denuncia interpuesta contra Brenda Ruacho de Vega fue por presuntos delitos

de abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito, fraude, administración
fraudulenta, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, infidelidad en
la custodia de documentos y violación de secretos, negociaciones ilícitas,
promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos y los
que resulten.

Al final el Secretario General de Gobierno dijo: “Al Gobierno de Baja California le
interesa acabar con estos temas de corrupción y una rendición de cuentas claras y
limpias, y estaremos pendientes de este caso y de otros que estaremos
presentando próximamente”.

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