MEXICALI, JULIO 17, 2020. Durante la sesión del Congreso del Estado realizada la tarde de ayer jueves 16, la diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez fue una de las diputadas inicialistas e impulsora del Dictamen 50  referente a la Paridad y Violencia Política contra las mujeres por razón de género, cuyo documento refiere modificaciones a la Ley Electoral Estatal y a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado y la Ley de responsabilidades administrativas.

De acuerdo con la legisladora morenista toda distinción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades de las mujeres en materia política serán abatidas con estas nuevas disposiciones normativas.

La reforma constitucional y legal contemplan la no discriminación por el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

Miriam Cano explicó que también se entiende como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

Con esta iniciativa, agregó, se busca impulsar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, en un plano de igualdad de género ante los varones, primero, con la previsión de cuotas y acciones afirmativas y, después, al establecer reglas tendientes a garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas, y recientemente en los distintos cargos derivados por designaciones en el ámbito de los poderes ejecutivos e integración de órganos constitucionales autónomos.

La representante popular sostuvo que se busca eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones,  participar en la formulación de las políticas gubernamentales,  ocupar cargos públicos, ejercer  las funciones públicas en todos los planos gubernamentales, participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política de Baja California.

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