TIJUANA, MAYO 19, 2020.- Es oficial el robo a la CESPT es el más grande ocurrido en la historia de Baja California se trata de mil millones de pesos que unas 400 cuentas no pagaron, con el consentimiento, aprobación o colusión de funcionarios públicos de la pasada administración gubernamental.

Considerado como “el robo del siglo” el gobierno estatal que encabeza Jaime Bonilla Valdez, investiga unas 400 cuentas de consumo de agua potable por actos de corrupción al interior de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

Desde hace unas semanas grandes empresas han resentido la cancelación del suministro de agua potable e incluso el corte del servicio de drenaje puesto que por años han evadido su responsabilidad de pagar por el agua que han consumido y en cambio se sabe ya que bajo la complicidad de funcionarios públicos del organismo les condonaron o se hicieron de la vista gorda para cobrar los consumos en millones de metros cúbicos no reportados a las arcas de la paraestatal.

En el registro histórico esta es la primera vez que una administración gubernamental realiza un arqueo serio a la CESPT, que era reconocida como la “caja chica” por su gran cúmulo de irregularidades en el manejo del presupuesto público en años.

La Secretaría de Honestidad y Función Pública ha profundizado en la revisión de la operación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, que durante dos décadas por lo menos se apunta habría sido “objeto de saqueos y daño patrimonial”, con una grave afectación a los ciudadanos bajacalifornianos”.

Es importante destacar que bajo la información vertida por la secretaria de Honestidad, Vicenta Espinoza, se han detectado claras irregularidades en cuentas pertenecientes a grandes empresarios de Tijuana:

“Tales irregularidades son la falta de pago el recibo, recepción de montos menores al real emitido en el recibo, omisiones en pagos de derechos de agua, drenaje, así como tomas clandestinas y falta de medidores”, puntualizó.

De igual forma se detectaron actos de simulación de pago por parte de empresarios en contubernio con ex servidores públicos que representan hasta mil millones de pesos en deuda por derechos y de consumo de agua.

“Parte del trabajo que se ha realizado por instrucción del gobernador del estado, incluye la inspección de documentos al interior de la Comisión Estatal de Servicios Públicos y posteriormente la inspección física de las cuentas que están siendo investigadas, resultando en algunos casos en los que no se encuentra el medidor o existen tomas adicionales, lo que no permite un control correcto del manejo de agua y su respectivo pago”, abundó.

De acuerdo a esta investigación, empresarios de renombre como José Fimbres, Francisco Carrillo, entre otros, fueron objeto de cobros millonarios por adeudos que tenían, así como daño patrimonial a la nación.

La Secretaría de Honestidad y la Función Pública evalúa la posibilidad de presentar una denuncia penal contra los involucrados por la posible comisión de delitos como robo de agua y fraude al organismo paraestatal.

Es importante resaltar que el gobierno de Baja California, ha logrado recuperar más de 320 millones de pesos, de los más de mil millones que se adeudan.

El gobierno de Jaime Bonilla Valdez no va a desistir en su firme intensión de hacer pagar lo que se le adeuda al pueblo bajacaliforniano, para que los empresarios simplemente en justicia paguen los impuestos que corresponde, y paguen por el agua que consumen.

El mandatario estatal fue enfático al señalar que “no es justo que la gente que menos tiene es la que mes con mes está haciendo fila en la CESPT para pagar su agua de manera legal y derecha, y los empresarios que se han enriquecido a costa de esta ciudad, evadan su responsabilidad”.

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