TIJUANA, ENERO 29, 2021.-La Secretaría de Honestidad y la Función Pública (SHFP) inició una investigación en el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado, en relación a un contrato millonario por prestación de servicios de limpieza, en el que ya se tienen detectadas anomalías y donde los responsables deberán asumir las consecuencias.
La titular de la SHFP, Vicenta Espinosa Martínez, expuso el caso que fue ventilado en un semanario bajo el título «Isesalud pagó más de 50 millones en limpieza a una empresa fantasma».
De acuerdo a lo publicado por el medio, la «empresa» es propiedad de una persona física de nombre Virginia González Andrade, quien firmó un contrato de adjudicación directa en virtud del decreto presidencial (ISESALUD-SERVICIO- LIMPIEZA 314/20202) por 55 millones 13 mil 904 pesos, se menciona que la empresa no existe en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC), además de que no cuenta con un domicilio, ya que el mismo es un lote baldío.
Espinoza Martínez, aclaró que no es lote baldío por la inspección física que hizo la dependencia a su cargo, y que efectivamente es una persona física con actividad empresarial ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Dijo que la de nombre Virginia González Andrade, cuenta con su Cédula de Identificación Fiscal (RFC), por la actividad económica de Servicios de Limpieza, motivo por el cual no está registrada en el RPPC, y que la adjudicación directa se dio por motivos del COVID-19.
«El inmueble es un edificio de dos plantas, en el primer piso se encontraron con una refaccionaria, en la parte alta está una oficina-administradora y una persona se identificó como Víctor García, encargado de la empresa de limpieza», mencionó la funcionaria estatal.
Detalló que dicha empresa a simple vista no tiene la capacidad, ni de infraestructura en esta oficina improvisada. «Se iniciaron con los procedimientos de investigación de que se hayan cumplido con los servicios antes mencionados y las cláusulas del contrato que se están revisando».
También, subrayó que se analiza si se incurrió en alguna conducta de tipo penal, por realizar convenios con una empresa que no cuenta con la capacidad económica y el personal calificado para el cumplimiento de estas obligaciones.
Dijo, se hará una revisión y una auditoria minuciosa, y se tendrá que acreditar las condiciones legales, técnicas, económicas, eficacia, imparcialidad y honestidad que garanticen el cumplimento por la prestación de los servicios.
La secretaria informó que se obtuvo una constancia fiscal de la persona arriba mencionada, sin embargo, la empresa cambio reciente su giro comercial a los servicios de limpieza el día 31 de marzo del 2020, y para el 1 de abril del mismo año ya estaba en operaciones.
A partir de esta fecha, empezó a brindar sus servicios en las unidades médicas del ISESALUD en el todo el Estado. «Lo dudoso es si esta empresa tiene la experiencia en el ramo. Se estima que para este tipo de servicio se debe contar con una planta laboral de 400 a 500 personas capacitadas, lo cual en tan corto tiempo resulta imposible», cuestionó Espinosa Martínez.
Advirtió que los servidores públicos presuntamente involucrados tienen un plazo de 5 días hábiles para presentar toda la documentación de la negociación con la empresa de limpieza.
