TIJUANA, B.C., a 23 de agosto de 2021.- A nombre del Gobierno de Baja California, que encabeza Jaime Bonilla Valdez, el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano opinó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una suspensión provisional y no la última palabra, en el caso de la transferencia de los organismos operadores de agua a los ayuntamientos.
Dijo que si bien el Gobierno de Baja California, es respetuoso de las resoluciones de la SCJN, esta suspensión provisional no es definitiva, ya que lo que dictamina es que se detengan los procedimientos de transferencia de los organismos operadores de agua a los ayuntamientos, para que sea analizado y la corte en pleno determine quién tiene la razón.
“A nosotros nos asiste la razón, estamos sólo en el inicio del procedimiento, esto va para largo; simplemente estamos iniciando un procedimiento que vamos a ganar porque tenemos los argumentos constitucionales, jurídicos y sobre todo de Justicia social”, dijo el Titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG).
Rodríguez Lozano dijo que la iniciativa del gobernador buscó inicialmente algo muy sencillo, que es cumplir con el artículo 115 de la constitución que desde 1999 mandata que los municipios sean los que administren el agua, y que todo lo demás son especulaciones políticas.
“No hay tal revés, quiero aclarar que no es como algunos medios amarillistas han dicho que es otro revés al gobierno de Bonilla, de ninguna manera, esto es un proceso legal que apenas inicia, nosotros vamos a argumentar jurídicamente lo que sea necesario para mantener esta disposición”, expresó.
El Titular de la SGG dijo que el Gobierno de Baja California respetará la resolución final de la SCJN, y se va acatar, aunque algunas de estas resoluciones, desde la perspectiva local, sean totalmente radicales o no estén apegadas a derecho.
“Lo que si podemos decir es que vamos a disponer de todos los recursos legales a nuestro alcance, y de la jurisprudencia, que son muchos, nos sostiene la razón y la justicia, es simplemente una suspensión provisional que de la cual no hemos sido notificados y que incluso la propia versión que hay en medios de comunicación sostiene que esta suspensión no prejuzga sobre la constitucionalidad o no de las normas en disputa, simplemente que serán analizadas al final por el máximo tribunal constitucional que es la SCJN, así de sencillo”, finalizó.
