CIUDAD DE MÉXICO, ENERO 22, 2022.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena el asesinato de Delfina Ramírez Morales, quien fue encontrada sin vida el pasado lunes 17 de enero luego de que, según notas periodísticas, fue detenida por presuntos policías de José Joaquín Herrera en la región de la Montaña Baja de Guerrero, el domingo 16 de enero.
Ante tales hechos, este Organismo Público exhorta a las autoridades judiciales del estado de Guerrero a realizar una investigación bajo el Protocolo de Investigación Ministerial Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito del Feminicidio; que se detenga a los responsables y se les sancione conforme a la ley, y con ello, enviar un mensaje claro de justicia para las víctimas y de cero impunidad para los agresores, máxime si es personal de seguridad
La madre de la víctima señaló en un escrito de denuncia, que la última vez que vieron a su hija fue el domingo 16 de enero a las 13:00 horas, cuando ya regresaba a su lugar de residencia en Ayahualtempa, momento en el que vieron que se la llevaron los policías municipales, por lo que ella acusa a estos elementos de haber desaparecido a su hija.
Este probable feminicidio se suma a los casos de muertes violentas que se han registrado en la entidad. Tan solo de enero a noviembre del 2021 se registraron 16 feminicidios y 112 homicidios dolosos. Para el mes de enero de este año se reportan otras 4 muertes violentas de mujeres. Esto, aunado a la violencia contra las mujeres en la zona de la montaña, señalada recientemente en diversos medios de comunicación que han relatado casos como el abuso sexual de las niñas y la venta de estas, en algunas zonas de la entidad, ligado también a la presencia de grupos criminales en la zona.
Por lo anterior esta CNDH, llama al gobierno del estado de Guerrero a cumplir con las obligaciones constitucionales para garantizar en todo momento el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las mujeres, debiendo recordar la responsabilidad estatal de atender los mecanismos de garantías para la protección de las mujeres y su seguridad, así como su obligación para prevenir, atender la violencia contra las mujeres, sancionar a los agresores, garantizar la reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas y la implementación de medidas para la prevención y no repetición.
