CIUDAD DE MÉXICO, ENERO 11, 2022.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) la urgente adopción de medidas cautelares, a fin de que se garantice la dotación y suministro de medicamentos controlados y de alta especialidad, en favor de las personas privadas de la libertad en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) del país que los requieran.
Personal de esta Comisión Nacional constató, a través de visitas y gestiones realizadas los pasados días 6 y 7 de enero, en los CEFERESOS de Ocampo, Guanajuato; en Almoloya de Juárez, Estado de México; Guadalupe Victoria, Durango; Guasave, Sinaloa; Hermosillo, Sonora; Gómez Palacio, Durango; Coatlán del Río, Morelos; Buenavista Tomatlán, Michoacán; Ramos Arizpe, Coahuila, y en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que existe escasez de medicamentos controlados y de alta especialidad, lo cual fue corroborado por las personas privadas de la libertad, quienes precisaron que el poco medicamento que les proporcionan no corresponde con las indicaciones médicas, pues se les entrega incompleto o en dosis menores, situación que se ha agravado del mes de noviembre de 2021 a la fecha.
Asimismo, desde finales del año pasado se advirtió un incremento en el número de quejas y solicitudes atendidas relacionadas con la falta de diversos medicamentos para el cuidado de los padecimientos que presenta la población penitenciaria, principalmente crónico-degenerativos, psiquiátricos y de especialidad, lo que ha tenido como consecuencia que las personas privadas de la libertad pasen largos periodos sin tratamiento, que el personal de esos establecimientos modifique las dosis y tipos de medicamentos prescritos por los médicos tratantes y/o que se solicite a los propios internos o sus familiares que cubran los costos de los fármacos, lo que además se somete a un procedimiento que demora de 30 a 45 días, generando disgusto e inconformidad en la población interna.
Esta situación ha generado que, en el caso del CEFERESO de Ocampo, Guanajuato, de acuerdo con información proporcionada por personal de dicho Centro, durante el mes de diciembre se presentaran dos incidentes con personas privadas de la libertad que intentaron autoagredirse y atentar contra su vida por no recibir medicamento controlado.
Al respecto, el argumento principal por parte de las autoridades penitenciarias para justificar tales irregularidades se basa en el cierre de presupuesto y la falta de recursos para la adquisición de los medicamentos, teniendo que esperar hasta el mes de febrero de 2022 para que se autorice el ejercicio del presupuesto fiscal y se efectúen las gestiones para la adquisición y abasto de los tratamientos.
Por lo anterior, la CNDH solicitó al OADPRS, mediante dichas medidas cautelares, verificar el número de personas que se encuentran bajo prescripción médica respecto de padecimientos crónico-degenerativos, psiquiátricos y de especialidad, que tengan suspendidos su tratamiento por desabasto de fármacos y, a la brevedad, se lleven a cabo las gestiones necesarias para su suministro y entrega, a fin de salvaguardar su derecho a la salud.
Asimismo, solicitó que se agilice el procedimiento de autorización y entrega de los medicamentos adquiridos por los familiares de las personas internas y se activen, de ser el caso, los protocolos de actuación necesarios para garantizar que las personas que requieren tratamientos controlados no cometan actos de auto y/o hetero agresiones que tengan como consecuencia la pérdida de su vida, la de otras personas internas o del propio personal de los Centros Federales.
Además, se instó a cumplir con la obligación de garantizar la permanente disponibilidad de medicamentos del cuadro básico de insumos correspondientes al primer nivel de atención médica, y se establecieran los procedimientos para proporcionar servicios y suministros médicos en los demás niveles de atención en todos los Centros Federales del país.
La CNDH observa con preocupación que, de enero a diciembre de 2021, se recibieron un total de mil 543 quejas en materia penitenciaria, de las cuales 958 quejas señalaron como derecho vulnerado el derecho a la salud, correspondiendo a un 62.1% del total de quejas recibidas durante ese año. De ellas, 796 fueron concluidas durante el trámite (97.36%), dentro de las cuales, en 17 quejas se emitieron Acuerdos de Conciliación (2.14%) y en 1 se emitió una Recomendación específica (0.13%). Mientras que, a la fecha, 162 continúan en trámite.
La CNDH dará seguimiento puntual a la situación que prevalece en los diversos CEFERESOS del país, a fin de que las autoridades penitenciarias, en coordinación con las autoridades de las Secretarías de Salud federal y estatales, realicen las acciones que garanticen el abasto suficiente de medicamentos que requieren las personas privadas de la libertad, y se les brinde atención médica integral, a fin de proteger su derecho a la salud en transversalidad con la protección de sus derechos a la vida, a la integridad y a una calidad de vida en reclusión, debiendo centrar sus funciones conforme a los principios de debida diligencia, dignidad, trato humano e igualdad.
