MEXICALI, ENERO 28, 2022.– En Sesión Ordinaria virtual de Pleno de la XXIV Legislatura, se aprobó por mayoría el dictamen de la iniciativa presentada por la Diputada Araceli Geraldo Núñez, en la que se reforman los artículos 3 y 30 de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos en el Estado de Baja California, mismo que fue dictaminado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local que preside el Diputado Juan Manuel Molina García.
La legisladora inicialista, Araceli Geraldo, indicó que los objetivos de esta reforma destaca el de establecer un sistema de igualdad entre las partes, que reconozca y proteja plenamente los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en la materia, de los que el Estado mexicano sea parte, además de contribuir en la elaboración de políticas públicas entre las diferentes instancias de gobierno, con el propósito de disminuir los índices de impunidad.
Dicha legislación, además armonizaría en todo el país los criterios judiciales, lo que favorece también la protección de los derechos humanos al establecer en un sólo ordenamiento jurídico las disposiciones del proceso penal, contribuyendo así a la disminución de la corrupción y la impunidad. También refuerza la coordinación y ejecución de acciones entre todas las instancias encargadas de la procuración de justicia en el país e impulsaría la capacitación de los operadores del sistema de justicia (jueces, agentes del Ministerio Público y defensores)
“Consideramos necesario armonizar todas y cada una de nuestras legislaciones estatales, cuando remitan a normas federales como en el caso que nos aplica es el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la actual Ley para Prevenir, Erradicar los Delitos en Materia de Trata de personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, siguen remitiéndose a una legislación que ya no es aplicable al haber sido superada, por lo que lo correcto es, para el caso que nos ocupa, actualizar su redacción para no incurrir en una falta de fundamentación adecuada al llevar a la práctica o aplicación la Ley que se busca reformar”,finalizó.
