MEXICALI, FEBRERO 25, 2022.- Presidido por el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, sesionó el pleno de integrantes del Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y periodistas en Baja California, donde se tomaron acuerdos para consolidar, en primera instancia, la revisión de propuestas y lineamientos que permitan mejorar sustantivamente este instrumento interinstitucional.
Cómo parte del diálogo se acordó la conformación de una Comisión que redacte y perfile los lineamientos operativos del mismo y a su vez los contenidos de la ley que rija su aplicación.
Antes de ello, revisarán las decenas de propuestas que los beneficiarios de este Mecanismo plantearon por escrito y verbalmente en tres mesas públicas realizadas en los municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada.
Zavala Márquez recordó que a finales de enero pasado se instaló oficialmente el Mecanismo de Protección en Baja California en base al decreto emitido por la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien recientemente signó un convenio de colaboración con el Mecanismo de Protección Federal en un acto que contó con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez.
Con estos avances, señaló el secretario general de Gobierno y presidente del Mecanismo de Protección en Baja California, se avanza de manera importante para consolidar un instrumento realmente preventivo, no reactivo, como lo plantearon la Gobernadora y Encinas Rodríguez.
En la sesión participaron como integrantes del Mecanismo la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Melba Adriana Olvera, quien funge como secretaria ejecutiva del Mecanismo y representantes de las secretarías de Seguridad Ciudadana y Hacienda, del Estado; de la Coordinación de Gabinete del Ejecutivo del Estado; el titular de la Dirección de Comunicación Social del Estado, Néstor Cruz Juárez y representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado.
De igual manera, contó con representantes de los poderes Legislativo y Judicial del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado, de las direcciones de seguridad pública municipal; así como de organizaciones de periodistas en Tijuana y Mexicali y de diversos colectivos.
