TIJUANA, MARZO 30,2022.- Para hacer un llamado enérgico y urgente a la Gobernadora del Estado, así como al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, diversas agrupaciones tanto de profesionistas del Derecho, como organizaciones de la sociedad civil, se dieron lugar para demandar certeza y claridad con respecto al cobro equivalente al 20% por concepto del ISR (Impuesto Sobre la Renta) del valor del terreno.
Hassan Franco, Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana A.C, señaló que desde el mes Febrero de este año el Registro público de la propiedad comenzó a rechazar inscripciones de prescripciones bajo el argumento que se debía cumplir un pago hacendario equivalente al 20% del valor del evalúo.
“Y durante el presente mes de Marzo, específicamente el día 9, sostuvimos una reunión con el Director del Registro Público de la propiedad, Lic. Carlos Murguía diversos abogados donde el manifestamos nuestro sentir y él nos aseguró que no se estarían rechazando los registros, sin embargo en la práctica la realidad es otra, ya que justo hace un momento estuve en dicha Dependencia y lo que me dijeron es que no están rechazando las inscripciones pero que todavía no se resuelve si se va a cobrar el 20% o no, es decir que carecemos de una certeza y un lineamiento oficial” indicó Hassan Franco.
Por su parte Carlos Atilano, Presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), dijo que tienen conocimiento que hasta el momento se trata de 15 trámites negados, lo que ha ocasionado un retraso en el trabajo de los abogados y por ende en el perjuicio de la sociedad que requiere este tipo de trámites, ya que se carece de un asiento registral de propiedad y el dueño está incapacitado de vender, dejar un testamento o solicitar créditos hipotecarios.
“Exigimos un esclarecimiento firme en torno al rechazo que están haciendo de las inscripciones de los títulos de propiedad a través de juicios de prescripción en los que se está exigiendo el pago del 20% por concepto del ISR (Impuesto sobre la Renta) que de acuerdo con nuestras consideraciones y estudios no debe de cobrarse porque es un caso de extensión en materia de adquisiciones”
Por su parte, Reyna Ramírez, Directora del Instituto de Defensa Estratégica de Derechos Humanos (ENDEDH) señaló que hay una enorme incertidumbre en todo el Estado, debido a que la autoridad no comunica de manera oficial, inclusive se habla de acuerdos con el Colegio de Notarios a quien beneficiaria esta acción.
Por último, Armando Atilano, Secretario General de la AMA (Alianza Mexicana de Abogados) se unió al reclamo y exigió a la autoridad correspondiente un esclarecimiento puntual, oficial a través de un comunicado directo que permee en los diferentes delegados de esta dependencia en beneficio de la seguridad y del patrimonio de las familias.
