TIJUANA, JULIO 20, 2022.- Ante un problema histórico de discriminación laboral y sindical en la entidad, el Sindicato Independiente Estatal de Trabajadores Educativos de Baja California (SIETE BC), ha presentado una serie de demandas colectivas contra el Estado, y al Municipio de Tijuana, para homologación de salarios y prestaciones a personal docente y no docente.
Son aproximadamente 9 mil trabajadores del sector educativo que no son docentes, pero son secretarias, intendentes y personal administrativo que percibe entre el 30 y 50% menos de emolumentos que sus homólogos de la burocracia estatal, además de que, al momento de jubilarse, los burócratas obtienen una pensión del 120% al ingreso que percibían en activo.
Por otra parte, advirtió el Secretario General y representante legal del SIETE BC, Jesús Salvador Rubio Nuñez, hay personal docente que no está recibiendo en justicia sus aumentos escalafonarios, ni otras conquistas laborales, porque fueron abandonados por el Estado y los únicos dos sindicatos (de seis que existen) que el Estado “reconoce” actualmente.
Rubio Nuñez observa que, la demanda económica para la homologación salarial, y de prestaciones, al personal no docente del Sistema Educativo Estatal, implica un ajuste presupuestal de más de 5 mil millones de pesos anuales, y, quizá por eso es que, pese a que, desde el año 2005 se abrió la posibilidad de homologar salarios y condiciones laborales, el Estado la cerró, debido a que es una inversión muy fuerte.
El dirigente sindical del magisterio aclaró que no se trata de que se reduzca el salario y prestaciones a intendentes, secretarias y personal administrativo de otras dependencias, sino que, el personal que realiza esas mismas funciones, pero en el Sistema Educativo, perciban los mismos ingresos, conforme indica la Constitución: a trabajo igual, salario igual.
Por otra parte, advirtió que no hay acceso a la información de recursos del Fondo de Beneficios al Sector Educativo, y, aunque sospechan que podría haber malos manejos y, por lo tanto, debieran exigir una auditoría, lo primero que están demandando es transparencia de información, para poder verificar las cuentas.
En las finanzas del ISSSTECALI también advierten incongruencias, y, además, exigen un sistema de solidaridad entre los asegurados, ya que, hay personal de confianza que goza de exención de impuestos y/o cuotas en sus prestaciones, siendo que, a los de base, les descuentan en todos y cada uno de sus emolumentos.
El Secretario General del Sindicato Independiente Estatal de Trabajadores Educativos, Salvador Rubio Nuñez también denunció que el Gobierno del Estado discrimina la participación, y acceso a información a los sindicatos magisteriales, en contubernio con los únicos dos que antes “reconocía”: SNTE Secciones 2 y 37, pese a que existen seis.
Esas mismas anomalías existen también en el Ayuntamiento de Tijuana, que es el único del país que cuenta con un Sistema Educativo Municipal, y que piden a la Alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, para que corrijan lo que se ha estado haciendo mal desde hace varias administraciones anteriores.
El SIETE BC agrupa a 1300 trabajadores del Sistema Educativo Estatal, pero están peleando por lo que en justicia deben recibir todos los trabajadores de ese sector, sin exclusiones, y con equidad y transparencia.
