CDMX, FEBRERO 28, 2023.- Palacio Legislativo de San Lázaro. Este martes 28 de febrero, en sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, fueron aprobados distintos dictámenes sometidos a discusión, de los que destaca, principalmente, el dictamen de la Comisión de Vivienda con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, para garantizar políticas públicas efectivas en materia de recuperación de vivienda abandonada.
Lo anterior, debido a que se trata de una problemática recurrente en la mayoría de las entidades federativas del país.
Al respecto, dicho dictamen contempla adicionar como uno de los lineamientos que deberán considerarse en la Política Nacional de Vivienda, el establecimiento de esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental e interestatal para la recuperación de vivienda en condición de abandono, con respeto a los principios de legalidad y certeza jurídica, y con criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación.
Además de ello, se establece que el Programa Nacional de Vivienda deberá contener estrategias y acciones para prevenir el abandono de vivienda y para su recuperación y reasignación.
Así, se obliga al establecimiento de esquemas de coordinación entre las diversas autoridades de los distintos órdenes de gobierno a trabajar en conjunto en dicho tema.
Asimismo, en materia de vivienda, fue aprobado establecer que la Política Nacional de Vivienda promoverá una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, con políticas y sistemas constructivos que garanticen la construcción, autoconstrucción o mejoramiento de vivienda con un enfoque intercultural, especialmente cuando se trate de comunidades indígenas y afromexicanas, respetando sus usos y costumbres y fomentando la participación comunitaria y preservación de su cultura.
En concordancia con esto, se mandató incorporar como integrante de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Vivienda al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Por otra parte, destaca la aprobación del dictamen de la Comisión de Grupos Vulnerables, para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de servicios financiaros.
Al respecto, se establece que corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus competencias:
I. Supervisar que las entidades del sistema financiero mexicano brinden sus servicios de forma universal, oportuna y efectiva a las Personas Adultas Mayores, asegurando su acceso, beneficio, seguridad e inclusión económicas;
II. Promover acciones que protejan y garanticen los derechos financieros de las Personas Adultas Mayores, independientemente de su origen étnico, género, edad, tipo de discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, por parte de las entidades del sistema financiero mexicano; y
III. Conforme a sus facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por su conducto inspeccionar, prevenir y corregir las prácticas de discriminación
Mientras que, en materia de paridad de género, fueron aprobadas diversas modificaciones legales, para garantizar que se cumpla con este principio, en la conformación de las Secretarías de Estado, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica, las comisionadas y comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Junta de Gobierno del Banco de México y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como en los Consejos de Vigilancia Ejidal.
El Diputado del Distrito 06 Federal de Baja California, con sede en Tijuana, Héctor Ireneo Mares Cossío, destacó la naturaleza de los dictámenes impulsados por los diputados de la Cuarta Transformación, de índole social, y de apoyo a los grupos poblaciones en estado de vulnerabilidad, lo cual se refleja en la discusión de los asuntos tratados en la sesión de este 28 de febrero.
Por lo que, en esta ocasión, hizo hincapié en la problemática que enfrentan diversas entidades del país en materia de vivienda abandonada, y que requiere de la acción conjunta de autoridades tanto federales como estatales y municipales, a fin de garantizar el derecho a una vivienda digna, salvaguardado en el artículo 4o constitucional.
