MEXICALI, MARZO 26, 2023.- Como parte de la agenda de trabajo en temas de seguridad, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, presentó una iniciativa que reforma al artículo 224 BIS del Código Penal para el Estado de Baja California, con el objetivo de que se contemple como una circunstancia del delito de extorsión, con agravación del castigo, precisamente las conductas realizadas por los delincuentes bajo la figura que comúnmente conocemos como “cobro de piso”.
Una de estas formas de extorsión que se ha popularizado y extendido a lo largo y ancho de Baja California, es el conocido como cobro o derecho de piso, que consiste en exigir cantidades de dinero de manera periódica (semanal, quincenal o mensual) a comerciantes, empresarios o a cualquier persona, a cambio de no causarles ningún daño físico o material, por lo que ante el incremento de este delito y sus diversas variantes, es necesario establecer y definir claramente qué implica, para que las autoridades puedan combatirlo.
La legisladora inicialista precisó que debe señalarse la distinción entre extorsión y cobro de piso que, aunque cuenten con un principio semejante -la obtención de un lucro en base a la amenaza o coerción- no funciona igual y, por ende, implican algo distinto para la víctima, su gestión e incluso, su medición.
Cuando se habla de extorsión referimos a un acto que ocurre una vez a una víctima, en contraste, en el cobro de piso la víctima y victimario establecen una relación tributaria sostenida a largo plazo.
De igual forma destaca que, de acuerdo con David Lee Zamora, investigador, experto en temas de seguridad y autor del libro “Manual de Seguridad”, el cobro de piso implica afectaciones al desarrollo regional y del país en todos sus ámbitos, dado que se ha expandido en las últimas dos décadas, de forma paralela al control que pretenden ejercer los diversos grupos delincuenciales, incluso en algunas entidades federativas, dicha práctica conforma una especie de «sistema tributario», que ha sido aceptado incluso por grandes empresas.
Ante la importancia de atender esta problemática que sigue incrementándose día con día, se necesita fortalecer los instrumentos jurídicos para prevenir y atender este tipo de delitos, trabajando en reformas que protejan y velen por la integridad de los ciudadanos, que les de mayor confianza y herramientas de actuación a las autoridades, añadió.
