CIUDAD DE MÉXICO, SEPTIEMBRE 24, 2024.-Desafortunadamente, el gobierno mexicano ha boicoteado los esfuerzos realizados en materia de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, «sentenciando a la muerte» a instituciones que procuran y resguardan estos derechos, como el Sistema Nacional Anticorrupción y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara, en el marco del 13º Seminario Internacional sobre el Combate a la Corrupción.
Según Merino, las acciones emprendidas durante años para promover la transparencia han sido desestimadas por la administración actual, que las califica como intentos de una élite para mantener sus privilegios, una afirmación que rechazó categóricamente.
El especialista insistió en que los diversos datos y cifras oficiales muestran un estancamiento en la lucha contra la corrupción en México. Explicó que, según el informe de 2023 del Registro Nacional de Archivos, el desarrollo archivístico del país no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente, y solo se ha alcanzado un 31% de cumplimiento con lo estipulado por la Ley General de Archivos, promulgada en 2018.
En el ámbito de la transparencia, el Índice de Cumplimiento de la Métrica de Gobierno Abierto mostró una caída, pasando de 0.48 en 2021 a 0.40 en 2023, en una escala de 0.0 a 1.0. El índice de participación, que mide los espacios abiertos por el gobierno para garantizar el uso adecuado de la información, también descendió de 0.35 a 0.32, mientras que la variable de datos abiertos se mantiene en un bajo 0.08.
En cuanto a los sistemas anticorrupción a nivel estatal, Merino destacó que solo 16 entidades cuentan con políticas anticorrupción y programas de implementación, mientras que el resto no ha avanzado. En un informe de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción se reportó un avance del 22% en la implementación de políticas, y solo el 12% de los acuerdos se han cumplido.
Merino lamentó que más del 75% de los actos de corrupción no son denunciados, lo que refleja un desinterés y una normalización evidente de este problema. Asimismo, subrayó que ninguna fuente confiable ha acreditado que el gobierno mexicano haya cumplido con las normas exigidas en la lucha contra la corrupción.
Finalmente, señaló que, contradictoriamente, la OCDE, en un informe reciente, reconoció que México cuenta con el segundo mejor diseño institucional para combatir la corrupción, pero su implementación aún está muy lejos de ser exitosa.
