TIJUANA, SEPTIEMBRE 10, 2024.- La Fiscalía General del Estado ha informado que, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado con ventaja, Antonio Manuel “N”, Eduardo “N” y José Ricardo “N” han sido vinculados a proceso penal.
Derivado de la investigación realizada por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, se recabaron los medios de prueba necesarios para que se giraran las órdenes de aprehensión en contra de los imputados. Una vez que agentes estatales de investigación cumplimentaron dichas órdenes, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación y vinculación, en la cual el Juez de Control determinó sujetarlos a proceso penal y aplicar la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Los hechos de los que se acusa a Antonio Manuel “N”, alias “el Mocho”; Eduardo “N”, alias “el Charly”; y José Ricardo “N”, alias “la Sara”, ocurrieron el 28 de agosto de 2024 en la calle Madrid de la colonia Altamira Sur en Tijuana.
Los imputados, portando armas de fuego, dispararon contra la víctima, Cuauhtémoc, impactándolo en su cuerpo y provocándole lesiones que posteriormente le causaron la muerte. La causa de fallecimiento, según el certificado de necropsia, fue una herida penetrante de tórax por proyectil de arma de fuego. Tras el ataque, los agresores intentaron huir del lugar en el vehículo en el que arribaron; sin embargo, fueron detenidos en flagrancia por la policía municipal de Tijuana en un operativo conjunto, encontrándose en posesión de las armas utilizadas en el crimen.
El 31 de agosto de 2024, se llevó a cabo la audiencia de control de detención, en la cual el Juez de Control decidió vincularlos a proceso, imponerles la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para la realización de la investigación complementaria.
La Fiscalía General del Estado refuerza su labor de persecución del delito mediante métodos de investigación exhaustivos para esclarecer los hechos y asegurar que los responsables sean procesados ante la justicia, evitando la impunidad en delitos que afectan la integridad de los bajacalifornianos.
