CIUDAD DE MÉXICO, ENERO 3,2025.-La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) presidida por Octavio de la Torre, destacó el decreto que eleva el delito de extorsión a la categoría de grave y permite su persecución de oficio, emitido el pasado 31 de diciembre.
Octavio de la Torre reconoce el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya que esta medida representa un avance significativo en la lucha contra las prácticas ilícitas que afectan gravemente al sector empresarial y la economía del país.
Desde julio, la Confederación presentó un documento firmado por su Consejo Directivo, solicitando la tipificación de la extorsión como delito grave y que se persiga de oficio. En esta propuesta, se plantearon penas de 6 a 10 años de prisión para quienes generen alzas de precios, distorsionen el mercado o incurran en prácticas de competencia desleal.
Señaló que, en el marco de las crecientes preocupaciones por la seguridad en el sector empresarial, se han identificado diversas modalidades de extorsión que no solo vulneran la integridad de las empresas, sino que también afectan gravemente las cadenas de valor.
Por lo que se implementó un cuestionario con los riesgos que perciben los empresarios de los sectores de comercio, servicios y turismo, en el que 76.8% de los encuestados señalaron que existe la presencia del crimen organizado en sus cadenas de valor, es una situación que impacta directamente en la competitividad y operatividad del Sector.
Además de que hay afectación a la actividad económica terciaria en el 68.75% de las entidades federativas, es decir, 22 estados, en los cuales han derivado incluso en trágicos asesinatos de quienes valientemente denuncian estas conductas, por lo que aseguró que la extorsión impacta directamente los precios de los productos, generando un efecto dominó que afecta a consumidores y productores por igual.
Es por ello, se reconoce la importancia de los recientes Decretos por los que se reforman el párrafo segundo del artículo 19 y el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con la prisión preventiva oficiosa y la seguridad pública, respectivamente. Estas reformas representan un paso crucial hacia el fortalecimiento del marco legal para combatir este tipo de delitos y garantizar la seguridad de las actividades económicas en nuestro país.
“El combate a la extorsión no solo protege a los empresarios, sino que también garantiza un entorno más justo y competitivo para las unidades productivas del país, hoy esta decisión es importante porque el sector podrá mantenerse en un lugar seguro”, destacó Octavio de la Torre.
El presidente del sector dijo que el tema fue retomado por la presidenta Claudia Sheinbaum en agosto, dando prioridad a esta problemática una vez que asumió el cargo en octubre. Finalmente, en noviembre, el decreto ingresó formalmente, resultando en la histórica publicación del 31 de diciembre.
Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024, los costos por delitos incrementaron un 8.6% en 2023. Entre los ilícitos que más afectan a las unidades productivas destacan la extorsión (25.5%), el robo o asalto de mercancía (16.9%) y el robo hormiga (16.4%). Los micronegocios, particularmente vulnerables, absorbieron un 17.7% del costo total de los delitos, mientras que las pequeñas empresas registraron un impacto del 8.8%.
Además de impulsar esta propuesta a nivel federal, el Consejo Directivo de la confederación envió en agosto y septiembre una solicitud similar a los gobernadores de todo el país, buscando que esta postura fuera evaluada e implementada también en las entidades.
“El trabajo conjunto con el sector empresarial siempre dará buenos resultados para México. Este decreto es una muestra clara de cómo la colaboración y el diálogo pueden transformar los desafíos en avances concretos para el bienestar de todos”, afirmó De la Torre.
Finalmente aseguró que el organismo tiene compromiso de trabajar por un entorno seguro y competitivo para las empresas, celebrando este logro como un paso crucial hacia la consolidación de un México más próspero y justo.
