TIJUANA, FEBRERO 16, 2025.- Con la recién anunciada Ley Nacional de Simplificación y Digitalización, los contribuyentes tendrán la oportunidad de agilizar la realización de trámites ante instancias de gobierno, ya que uno de los objetivos es reducir la burocracia.
Así lo indicó el Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, quien mencionó que con la también conocida “Ley Nacional para Eliminar Trámites y Corrupción”, tanto ciudadanos como empresas se verán beneficiados con este enfoque hacia una administración pública más eficiente y accesible.
Y es que, de acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, actualmente existen más de 7,000 trámites a nivel federal; alrededor de 523 trámites por estado, y unos 144 a nivel municipal.
“Con la aprobación de esta ley se espera simplificar los procedimientos, eliminar barreras innecesarias y digitalizar los trámites administrativos, ya que se estima que cada persona realiza, en promedio, 486 trámites durante su vida, de los cuales el 85% son trámites estatales o municipales”, anotó el abogado fiscalista.
En ese sentido, Pickett Corona resaltó que la iniciativa tiene como propósito homologar los trámites, los tiempos de resolución y los procesos de atención en todos los niveles de gobierno, de manera que, en el futuro, el 80% de los trámites sean completamente en línea, lo que facilitará el acceso a los servicios gubernamentales.
“Esta ley no sólo busca mejorar la eficiencia administrativa, sino también generar un ambiente favorable para la inversión y el desarrollo económico, al eliminar trámites innecesarios que retrasan los procesos y fomentan la corrupción”, aseguró el especialista.
Además, agregó que la digitalización es fundamental para mejorar la transparencia en la administración pública, lo que contribuirá a mantener buenas prácticas regulatorias, según los acuerdos del T-MEC (Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá).
Finalmente, el Lic. Jorge Alberto Pickett refirió que el proyecto de ley se encuentra en proceso de discusión y, en caso de ser aprobado, requerirá reformas a los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para garantizar la aplicación de la iniciativa a nivel federal, estatal y municipal.
