MEXICALI, MAYO 12, 2025.- El Congreso del Estado exhortó a la titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, así como a las presidencias municipales de los siete Ayuntamientos, para que rindan informe respecto al número, uso y funcionamiento de las cámaras de vigilancia instaladas en su jurisdicción para la implementación de acciones de prevención y persecución del delito.
Al hacer uso de la tribuna para presentar su propuesta, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero expresó que “el tema de prevención del delito y la importancia de una estrategia coordinada de seguridad es y seguirá siendo de gran relevancia para nuestro Estado”.
Expresó que una de las primeras estrategias que el actual gobierno trató de implementar fueron las cámaras de videovigilancia, arcos lectores y botones de pánico, iniciativa que fue apoyada por la XXIV Legislatura y aprobada en Sesión Ordinaria en mayo de 2022.
En ese sentido, se autorizó al Poder Ejecutivo a celebrar contrato de servicio plurianual para el “Servicio Integral de Equipamiento, Instalación, Mantenimiento e Integración Tecnológica para el Sistema Estatal de Video vigilancia en el Estado de Baja California”, lo que significó el financiamiento para ampliar la cantidad de 200 a 4 mil cámaras en los siete municipios, 4 mil botones de pánico y arcos de vigilancia.
Señaló que esta estrategia no ha tenido un rumbo claro, ya que, a casi 3 años de haberse aprobado, la operación del llamado C5 ha pasado a manos de la FGE, dejando la responsabilidad de finalizar la instalación de las cámaras en el limbo, debido a que, en la autorización otorgada por el Poder Legislativo, la competencia de ejecutar el contrato del servicio plurianual correspondía a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La legisladora Alejandrina Corral consideró de suma importancia tener conocimiento de la situación que prevalece en el tema de las cámaras de seguridad con las que cuentan los municipios y la propia fiscalía del estado a quien le acaban de asignar las tareas del C5.
Por lo tanto, manifestó que es necesario buscar, a través de medidas legislativas, el fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades obligadas a mantener la seguridad y paz en nuestra Baja California.
En ese sentido se exhorta a los Ayuntamientos a informar el número total de cámaras de videovigilancia instaladas con recursos propios, para acciones de prevención y persecución del delito, cuáles se encuentran en óptimas condiciones y en desuso, así como la coordinación que exista con la FGE para el acceso y uso de las mismas.
