TIJUANA, DICIEMBRE 16, 2025.- Integrantes de la Unión Funeraria de Tijuana, conformada por más de 24 casas funerarias, realizaron una manifestación pacífica en la Tercera Etapa del Río, donde leyeron un pronunciamiento público derivado de recientes acciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) que, aseguran, han impactado directamente la operación del sector funerario.
El objetivo de la protesta fue solicitar la intervención de la gobernadora del estado y de la fiscal general de Baja California, además de exigir condiciones de competencia justa, transparencia y trato equitativo, en defensa de un servicio digno y accesible para la comunidad.
Héctor Abasolo, director funerario en Tijuana, informó que el sector atraviesa una situación crítica, al grado de perder empleos y operar en números rojos en prácticamente cada casa funeraria. Por ello, pidió a la gobernadora y a la fiscal “voltear a verlos”, al señalar que ciertos actores internos de la Fiscalía estarían beneficiando a algunas funerarias. “Literalmente las están favoreciendo con el procedimiento de los levantamientos de los cuerpos”, denunció.
Abasolo exigió que las autoridades responsables del control de los levantamientos realicen su labor conforme a lo que marca la ley, ya que existen normas claras sobre cómo debe llevarse a cabo este proceso.
Por su parte, Alejandra Alamillo, representante de la Funeraria de la Cruz, explicó que las funerarias se ven afectadas cuando se les obliga a ingresar a los domicilios. Señaló que, aun cuando un hospital entrega un certificado por muerte natural, como cáncer u otra enfermedad, y existe un dictamen médico, se les obliga a acompañar a las familias, con el riesgo de que, tras uno o dos días, ya no continúen el servicio con ellos, lo que calificó como una competencia desleal.
En el pronunciamiento también participó Pedro García Tirado, médico legista jubilado del registro de la Secretaría de Salud y comisionado al Servicio Médico Forense (Semefo), quien aclaró que la Fiscalía únicamente tiene facultades para intervenir en casos de muerte violenta.
“La única autorización para levantar un cuerpo es cuando se trata de una muerte violenta. Si es una muerte natural, ya existen las condiciones para emitir el dictamen y el certificado médico, ya sea del IMSS, la Secretaría de Salud o un médico particular”, explicó.
Añadió que cuando un fallecido por causa natural es llevado al Semefo sin que corresponda, no se realizan procedimientos adicionales, ya que el certificado médico es suficiente.
Las y los integrantes de la Unión Funeraria de Tijuana reiteraron su llamado a las autoridades estatales para que revisen estas prácticas, garanticen el cumplimiento de la ley y aseguren un trato justo para todas las funerarias, así como un servicio respetuoso y humano para las familias en momentos de duelo.
