TIJUANA, DICIEMBRE 30, 2025.- El comunicador Rafael León Segovia permanece recluido tras ser vinculado a proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento, luego de que un juez de control desestimara la acusación de terrorismo que inicialmente le imputó la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
De acuerdo con la causa penal, Rafael León fue detenido el pasado 24 de diciembre en Coatzacoalcos, señalado por presuntamente haber brindado apoyo posterior a personas relacionadas con hechos delictivos, sin que —según la autoridad judicial— existieran elementos suficientes para sostener el delito de terrorismo.
Durante la audiencia de vinculación, el juez resolvió mantener el proceso únicamente por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, descartando uno de los señalamientos más graves presentados por la fiscalía estatal.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Artículo 19, las cuales han advertido que la imputación inicial por terrorismo representó un uso desproporcionado del derecho penal y un posible intento de criminalización de la labor informativa, particularmente por la cobertura de hechos violentos en el sur de Veracruz.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre los elementos que sustentaron la acusación de terrorismo, ya descartada por el Poder Judicial.
El proceso judicial contra Rafael León continúa en curso, mientras el caso es observado de cerca por colectivos periodísticos y organismos nacionales e internacionales que exigen garantías al debido proceso y el respeto a la libertad de prensa.
ARTICULO 19
En su portal la organización Artículo 19 rechaza esta forma de intimidación contra un comunicador en el país y advierte que nadie está exento.
Esto publicó en su página:
El juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores desestimó este martes el cargo de terrorismo contra Rafael León Segovia, aunque decidió vincularlo a proceso por otros dos delitos (encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública), imponiendo prisión domiciliaria por un año.
Información recabada por ARTICLE 19 indica que la audiencia transcurrió con múltiples inconsistencias, falta de argumentos e irregularidades por parte de la Fiscalía en su intento por atribuir responsabilidad penal a Rafael.
Pese a esto, la defensa del periodista logró evidenciar que no se comprobó ninguna relación real del periodista con estructuras delictivas y que la imputación de terrorismo era completamente arbitraria.
Por el contrario, la audiencia sí evidenció la manera en que la Fiscalía está criminalizando la labor periodística. Inculpando a Rafael por la información que le llega, a través de distintas fuentes de información, y sobre la cual reporta oportunamente. Para la autoridad, dar a conocer a la sociedad información sobre un acontecimiento constituye un indicio de conocimiento previo del hecho delictivo. Es decir, bajo el argumento de que Rafael “llegaba antes” a cubrir la nota, la Fiscalía está buscando criminalizar su trabajo.
La acusación de la Fiscalía se sustenta, principalmente, en un “testigo protegido”, cuyas declaraciones fueron recabadas con múltiples irregularidades y son contradictorias. De forma inverosímil, las coberturas periodísticas de Rafael y la eficiencia con la cual hace su trabajo fueron argumentadas por la Fiscalía como supuestas “pruebas” de hechos ilícitos. Aún más absurdo, se le imputa no reportar o denunciar a las autoridades el conocimiento que tiene de supuestos hechos delictivos.
Bajo estos parámetros se impone un riesgoso precedente para el ejercicio del periodismo que puede dar pie a la criminalización de más personas comunicadoras.
ARTICLE 19 manifiesta su rechazo a la criminalización que Rafael enfrenta por parte de la Fiscalía, y por la falta de apego a derecho que el juez demostró en su determinación.
