MEXICALI, JUNIO 28, 2026.- Los diputados Diego Echevarría Ibarra y Danny Fidel Mogollón Pérez, integrantes de la XXV Legislatura, presentaron una iniciativa para fortalecer la vigilancia sanitaria y la transparencia en torno a la calidad del agua de uso recreativo en las playas de Baja California.
En la exposición de motivos señalaron que, si bien la vigilancia oficial de la calidad del agua en playas corresponde principalmente a la Federación, ninguna ley impide que los estados participen en tareas de monitoreo, seguimiento, recopilación de información ambiental, vigilancia preventiva o difusión de resultados. Por ello, la propuesta busca que Baja California asuma un papel más activo en la prevención de riesgos sanitarios.
Los legisladores destacaron que la prevención es un componente estratégico para proteger a la población mediante acciones del Estado que eviten la exposición a factores que puedan desencadenar enfermedades. Agregaron que, desde hace varios años, turistas y residentes han estado expuestos a riesgos por los altos niveles de contaminación registrados en algunas de las playas más emblemáticas de la entidad.
Durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, la COFEPRIS informó que, de 289 playas analizadas en el país, solo una superó los niveles permitidos de enterococos y se ubica en Baja California. Además, recordaron que en 2025, de las seis playas catalogadas como no aptas en México, cuatro correspondían a la entidad.
Entre las principales causas de contaminación mencionaron los drenajes pluviales, descargas de aguas residuales tratadas, asentamientos irregulares sin infraestructura de saneamiento, embarcaciones y actividades de comercio informal.
Los inicialistas precisaron que la propuesta no invade atribuciones federales, sino que busca fortalecer la prevención y la difusión de información de interés público, permitiendo que la ciudadanía cuente con datos actualizados y accesibles sobre la calidad del agua en las playas.
La iniciativa contempla modificar la Ley de Salud Pública del Estado para establecer que el Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California sea el encargado de realizar el monitoreo y seguimiento de la calidad del agua en playas, así como de difundir bimestralmente los resultados a través de plataformas oficiales.
