Aprueban recursos para aplicar el Código Nacional de Procedimientos

La solicitud para el incremento salarial a 36 médicos legistas, también es avalada por el Pleno.

MEXICALI, JULIO 3, 2026.- El Congreso del Estado aprobó tres dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, correspondientes a igual número de solicitudes de ampliación y transferencia de recursos al Presupuesto de Egresos 2026 del Poder Judicial del Estado.

Durante la sesión ordinaria, el Pleno aprobó por 20 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, el Dictamen No. 137, relativo a la ampliación de recursos al Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de Baja California.

Con esta aprobación, a partir del 17 de agosto de 2026 se dará cumplimiento al inicio de la vigencia y aplicación en todo el estado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mediante la ampliación de una partida presupuestal destinada al arrendamiento de edificios y locales.

Asimismo, las diputaciones avalaron por 19 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, el Dictamen No. 138, referente a la transferencia de partidas presupuestales del mismo Presupuesto de Egresos.

El objetivo de esta transferencia es ampliar las partidas destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo de oficina necesario para el inicio de operaciones de las Salas de Segunda y Cuarta Instancia que se instalarán en Playas de Rosarito, derivado de la construcción de dichas instalaciones.

Posteriormente, el Congreso aprobó el Dictamen No. 139, mediante el cual se autoriza la ampliación de partidas presupuestales para otorgar un incremento salarial a 36 médicos legistas que forman parte del Poder Judicial.

De acuerdo con el dictamen, el incremento tiene como propósito reconocer la complejidad, responsabilidad y trascendencia social de las funciones que desempeñan los médicos legistas, entre ellas la práctica de necropsias médico-legales, la emisión de dictámenes periciales, la elaboración de protocolos de Estambul para la investigación de posibles actos de tortura, la valoración de personas presuntamente incapaces y diversas intervenciones periciales sustentadas en principios científicos, médicos y jurídicos.

 

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