MEXICALI, SEPTIEMBRE 23, 2026.- En el marco de la glosa del Tercer Informe de Actividades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026, la titular, Ma. Elena Andrade Ramírez, compareció ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), ampliada a las demás diputaciones integrantes de la H. XXV Legislatura.
En el ejercicio participaron el presidente de la JUCOPO, Juan Manuel Molina, así como las legisladoras y legisladores, Daylín García, Diego Echevarría, Yohana Gilvaja, Bryan Castillo, Tere Ruiz, Humberto Valle, Maythé Méndez, Adriana Padilla, Alejandra Ang, Gabriela Ponce, Angélica Peñaloza, Jaime Cantón, Eligio Valencia, Mayola Gaona, Fidel Mogollón, Julia González, Diego Lara, Montserrat Murillo, Alejandrina Corral, Evelyn Sánchez y Daniel Razo.
Los congresistas formularon diversos cuestionamientos sobre desaparición de personas, combate a la extorsión, ciencias forenses, seguridad, delitos patrimoniales, participación de adolescentes en hechos de alto impacto.
En materia de desaparición de personas, la compareciente informó que se tiene un registro de 2 mil 82 personas desaparecidas, de las cuales mil 502 han sido localizadas: mil 345 con vida y 157 sin vida, mientras que 580 permanecen activas.
Sobre los trabajos de búsqueda, la Fiscal General señaló que los casos relacionados con hallazgos de restos humanos se mantienen bajo investigación, con participación de la Comisión Estatal de Búsqueda y otras corporaciones. También precisó que la legislación no establece un periodo de espera de 72 horas para iniciar la búsqueda y que actualmente las investigaciones comienzan una vez recabada la entrevista correspondiente.
En cuanto al combate a la extorsión, la titular informó sobre la creación de 29 plazas, una inversión de 31 millones de pesos en los municipios y la detención de 112 personas, además de la operación de una Fiscalía Especializada en Extorsión.
La compareciente añadió que se han implementado mecanismos para iniciar investigaciones sin necesidad de una denuncia previa, mientras que el C5 ha fortalecido su participación en las labores de investigación.
Otro de los temas abordados fue el fortalecimiento de las ciencias forenses y la reducción del rezago en identificación humana. Al respecto, la funcionaria dio a conocer una inversión de 173 millones de pesos en esta área, además de un proyecto FASP 2026 por 45 millones de pesos, recursos destinados al fortalecimiento de laboratorios, adquisición de reactivos químicos, mantenimiento, plazas para peritos y vehículos, acciones que, de acuerdo con lo expuesto, han permitido reducir significativamente el rezago existente.
En materia de seguridad, plantearon los mecanismos para atender reportes de amenazas en centros escolares. Se explicó que existe un protocolo de atención que se activa mediante el 911, en coordinación con la Secretaría de Educación.
Sobre la participación de policías municipales en hechos delictivos, la funcionaria señaló que se han detectado casos de participación de integrantes de corporaciones policiales en actividades de la delincuencia organizada y que se han obtenido 36 órdenes de aprehensión contra agentes de distintos municipios del estado, con apoyo de autoridades federales.
En cuanto a la incidencia delictiva, la servidora pública indicó que la coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno y el uso de tecnología han contribuido, de acuerdo con las cifras expuestas, a una reducción de entre 25 y 30 por ciento en la incidencia delictiva estatal.
También se abordó la participación de adolescentes en delitos de alto impacto. Andrade Ramírez reconoció que se ha detectado la intervención de jóvenes cada vez de menor edad en este tipo de hechos y planteó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, concientización y trabajo interinstitucional.
Por otro lado, se solicitaron avances en la atención de delitos ambientales y contra los animales. En ese sentido, la compareciente reportó mil 96 carpetas relacionadas con estas conductas, además de 878 investigaciones, 192 cateos y acciones de judicialización y órdenes de aprehensión.
Así mismo se formularon cuestionamientos sobre despojo, fraude procesal y delitos inmobiliarios, particularmente en casos relacionados con el uso de documentos falsos en procedimientos judiciales. La titular de la FGE informó sobre casos detectados en Tijuana con características de despojo y una posible participación de funcionarios del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Ante ello, la representante de la fiscalía anunció el compromiso de establecer una unidad especializada, dependiente de Delitos Patrimoniales, para atender este tipo de hechos, independientemente de que pudieran estar involucrados funcionarios, notarios u otras autoridades.
Otro de los temas tratados fue los aspectos relacionados con el mejoramiento de infraestructura, mayor instalación de cámaras de vigilancia, el acceso a la justicia para las personas indígenas, el fortalecimiento de las acciones para combatir el robo de vehículos y la prevención de la violencia familiar, entre otros asuntos.
Esta glosa permitió abordar, desde distintas perspectivas parlamentarias, temas de interés para la ciudadanía y solicitar información puntual sobre los resultados, estrategias y acciones implementadas por la Fiscalía durante el último año de actividades.
