
TIJUANA, SEPTIEMBRE 23, 2026 .- Ante los cambios que representa el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Colegio de Abogados de Tijuana A.C. sostiene que el gremio debe mantenerse en constante actualización a fin de garantizar asesoría legal de calidad y acorde con las nuevas disposiciones que rigen los procedimientos en materia civil y familiar.
En ese sentido, Daniel Avitia Beltrán, presidente del Colegio, indicó que durante la sesión ordinaria que sostuvieron se analizó el tema “Recursos en segunda instancia conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”.
La charla, impartida por la Lic. Karina Acosta Dueñez, magistrada de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California, tuvo como objetivo abordar aspectos relacionados con los agravios y posibles situaciones que pueden presentarse durante el juicio principal, como que no se tome en consideración alguna prueba, no se otorgue el uso de la voz o existan cuestiones relacionadas con el emplazamiento.
De acuerdo con Avitia Beltrán, actualmente predomina la oralidad y existen diversos lineamientos que representan una curva de aprendizaje para los abogados, por lo que consideró importante conocer el funcionamiento de los juicios y, particularmente, de la segunda instancia, como lo explicó la también integrante del Comité de Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Durante la sesión, también se estableció una firma de convenio con el Instituto de Peritos Judiciales en Baja California, para que los integrantes del Colegio puedan acceder a un catálogo de especialistas que puedan ser requeridos dentro de los juicios que necesiten una prueba pericial en diferentes materias.
Este catálogo permitirá contar con especialistas en áreas como psicología, grafoscopía y ADN, entre otras, para atender las necesidades que se presenten durante la resolución de controversias.
Avitia Beltrán informó que el Colegio continúa impulsando ante las autoridades la creación de un protocolo de seguridad para abogados que enfrenten amenazas derivadas de sus funciones.
Durante un encuentro en el municipio de Mexicali, donde estuvieron presentes autoridades estatales, se planteó la exigencia de resultados y la necesidad de establecer un mecanismo de protección más directo y con menor burocracia para los integrantes del gremio.
El protocolo contempla la participación de autoridades municipales y estatales, así como contar con herramientas de atención inmediata y una instancia especializada que pueda atender estos casos de manera directa. Se espera que el próximo 5 de octubre se realice una nueva reunión para establecerlo de manera definitiva y pactar su firma.
Finalmente, el presidente del Colegio reiteró que el objetivo es contar con medios de protección claros y precisos, reduciendo la burocracia en la atención de situaciones que puedan poner en riesgo a los abogados en el ejercicio de su profesión.




















