TIJUANA, SEPTIEMBRE 29,2026.- Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos diera a conocer nuevas sanciones contra personas y empresas presuntamente relacionadas con una facción del Cártel de Sinaloa, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se deslindó de los señalamientos realizados contra su exesposo, Carlos Torres, y aseguró que su administración actuará conforme corresponda ante cualquier empresa involucrada.
Durante una rueda de prensa con medios de comunicación, la mandataria estatal señaló que no conoce a detalle las acusaciones formuladas por el gobierno estadounidense y dejó claro que ni ella ni su administración asumirán la defensa o representación de las personas señaladas. “Entiendo que Carlos, mi exesposo, emitió su postura, y pues este gobierno no va a ser vocero… ni el gobierno ni una servidora vamos a ser voceros de estas circunstancias”, declaró.
De acuerdo con la información difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Carlos Torres fue señalado por autoridades estadounidenses como presunto facilitador político de la célula conocida como “Los Rusos”, con operaciones en Mexicali. En el mismo expediente aparece Pedro Ariel Mendívil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien Washington acusa de participar en una presunta red de protección institucional y pago de sobornos.
Ante estos señalamientos, Ávila Olmeda defendió las acciones de seguridad implementadas durante su administración y rechazó que exista algún acuerdo de impunidad con grupos delictivos. “Hemos combatido de manera frontal a la delincuencia, y lo vamos a seguir haciendo siempre”, afirmó durante el encuentro con los representantes de los medios.
La gobernadora también fue cuestionada por la inclusión de la empresa Vida Orgánica entre las entidades sancionadas, debido a que anteriormente tuvo participación en dicho negocio. Explicó que desde 2023 dejó de formar parte de la empresa y cedió sus derechos a quien en ese momento era su esposo. “Hoy les recuerdo pues que soy divorciada de Carlos, y pues nuestro interés es el bienestar de nuestro hijo”, manifestó.
Ávila Olmeda agregó que instruyó a la Oficialía Mayor y a la Secretaría de Honestidad para revisar si alguna de las empresas señaladas mantiene actualmente contratos con el Gobierno de Baja California. En caso de encontrarse alguna relación contractual, dijo, se procederá conforme a las disposiciones correspondientes.
Ávila Olmeda descartó solicitar licencia y afirmó que continuará al frente del Ejecutivo hasta concluir su periodo constitucional. “Yo no estoy ni vinculada ni incluida en esta situación (…) He resistido cinco años infamias, calumnias, mentiras, difamaciones de todo tipo. Voy a resistir los próximos 11 meses, que son los más importantes para cerrar la administración con resultados”, sostuvo.
La gobernadora aseguró además que hasta el momento no ha recibido ningún requerimiento por parte de autoridades mexicanas o estadounidenses y señaló que los mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza continúan operando con normalidad.
Ante los cuestionamientos, resumió su postura de manera contundente: “Tranquila, con las manos limpias y la conciencia tranquila. Y trabajando, concentrada en la chamba”.
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