TIJUANA, SEPTIEMBRE 22, 2026.- La situación jurídica del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel registró este martes un nuevo giro, luego de que un juez federal le concedió una suspensión definitiva relacionada con la petición de su defensa para que pueda continuar sujeto a prisión preventiva, pero desde su domicilio.
La resolución abre la posibilidad de modificar el lugar donde Ruffo cumple la medida cautelar; sin embargo, hasta la noche de este martes no existía confirmación oficial de que hubiera abandonado el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.
La defensa del exmandatario había promovido un juicio de amparo después de que una jueza de control rechazó cambiar la prisión preventiva en el penal por prisión domiciliaria.
Uno de los argumentos centrales de sus abogados es la aplicación del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ruffo tiene 74 años, y la defensa también ha argumentado que presenta padecimientos que requieren atención médica continua.
DEFENSA ESPERA CONOCER ALCANCES
El abogado Juan Marcos Gutiérrez González confirmó que fue concedida la suspensión definitiva, aunque señaló que era necesario conocer íntegramente la resolución y recibir la notificación correspondiente antes de asegurar que Ruffo podrá trasladarse a su domicilio.
Por su parte, información difundida desde el Estado de México señala que el exgobernador permanece por ahora en El Altiplano y queda a disposición del órgano jurisdiccional mientras se determina el alcance de la resolución.
De concretarse el cambio de medida, Ruffo no quedaría en libertad: continuaría sujeto al proceso penal y bajo una medida de prisión preventiva, aunque ésta sería ejecutada fuera del centro penitenciario.
PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS
Ruffo Appel fue detenido en julio y posteriormente vinculado a proceso por acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La Fiscalía General de la República sostiene que Ruffo y otros imputados participaron presuntamente en un esquema mediante diversas compañías para introducir ilegalmente al país más de 18.2 millones de litros de petrolíferos transportados en 163 carrotanques. Estas imputaciones forman parte del proceso penal y no constituyen una sentencia de culpabilidad.
El exmandatario, quien gobernó Baja California de 1989 a 1995 y se convirtió en el primer gobernador de oposición reconocido oficialmente en México, ha promovido diversos recursos judiciales para combatir tanto su vinculación a proceso como las condiciones bajo las cuales permanece privado de la libertad.
A principios de septiembre, un tribunal colegiado confirmó otra suspensión definitiva que frenó temporalmente el avance hacia la etapa intermedia del proceso, mientras se resuelve el juicio de amparo correspondiente.
La resolución conocida este martes representa ahora un avance distinto para su defensa: la posibilidad de que Ruffo abandone El Altiplano y permanezca bajo prisión preventiva domiciliaria mientras continúa la batalla judicial.
La confirmación definitiva dependerá de los alcances de la resolución y de las determinaciones que adopte la autoridad judicial encargada de ejecutar la medida.
