TIJUANA, OCTUBRE 22, 2026 .- Con el objetivo de transformar el marco legal vigente en acciones concretas que brinden seguridad y acompañamiento a quienes más lo necesitan, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Atención a Grupos Prioritarios, formalizó un convenio de colaboración institucional con la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco”, A.C.
Esta alianza, impulsada por la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas (CICTP), permitirá sumar esfuerzos con las profesionales del derecho para defender de manera integral a las infancias, las adolescencias y las personas en situación de vulnerabilidad en la entidad.
La subsecretaria de Atención a Grupos Prioritarios, Elena Anguiano Rentería, subrayó la importancia de generar alianzas duraderas: “Un día en la administración pública es un día para hacer la diferencia, hacer cosas positivas y dejar capacidades instaladas. La firma de este convenio nos permite ir dejando instrumentos que permitan fortalecerse y que las instancias no empiecen de cero; al contrario, que podamos tener marcos normativos sólidos, protocolos de actuación y, sobre todo, que se involucren las organizaciones de la sociedad civil y la academia”.
Durante la sesión ordinaria de la asociación, encabezada por su presidenta, Estefania Campos Garcia, se destacó que Baja California enfrenta retos importantes frente a delitos complejos como la trata de personas, una problemática multifactorial que se manifiesta en diversas formas de explotación y afecta en mayor medida a mujeres y menores de edad. En este contexto, el acompañamiento jurídico de la sociedad civil es vital para evitar la revictimización y garantizar el interés superior de la niñez.
En el marco de esta firma, la subsecretaria Anguiano y la titular de la CICTP, Gabriela Navarro Peraza, impartieron la ponencia “Del reconocimiento a la protección efectiva: retos para garantizar los derechos de los grupos prioritarios en Baja California”. En este espacio, se expuso que actualmente el Gobierno del Estado trabaja en la elaboración de estándares de competencia avalados por el CONOCER para mejorar la detección y atención de primer contacto de posibles víctimas de trata.
El trabajo conjunto derivado de este convenio también pondrá especial atención en la protección de las infancias en situación de calle, quienes presentan un alto riesgo de ser captadas por la delincuencia organizada y redes de explotación debido a factores de vulnerabilidad profunda, como la carencia de documentos oficiales de identidad. Para ello, se busca consolidar rutas y subrutas de atención específicas que permitan separar a estos menores de los entornos de peligro y restituir sus derechos fundamentales.
Finalmente, se reafirmó el compromiso del secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, de mantener una política de apertura y construir puentes de trabajo interinstitucional. A través de estas acciones coordinadas, la administración estatal encabezada por Marina del Pilar Avila Olmeda asegura que la prevención y erradicación de la explotación es una prioridad compartida, trabajando unidos para consolidar una sociedad más justa donde nadie se quede atrás.
