MEXICALI, OCTUBRE 29, 2026 .- El diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros presentó una iniciativa con el objetivo de tipificar dentro del Código Penal la manipulación de contenido sexual a través de cualquier herramienta de inteligencia artificial (IA).
La propuesta, según expuso el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no pretende limitar de manera injustificada la libertad de expresión ni el desarrollo o la utilización legítima de las tecnologías de IA.
Su finalidad consiste en establecer consecuencias jurídicas para aquellos casos en que estas herramientas sean utilizadas dolosamente como medio para vulnerar derechos de terceros, particularmente cuando se empleen para crear, manipular o difundir contenido sexual atribuido a una persona, sin su consentimiento.
Lo anterior resulta congruente con el deber del Estado de garantizar una protección efectiva de los derechos humanos frente a las nuevas formas de agresión que surgen como consecuencia del desarrollo tecnológico.
En este sentido, la intervención del derecho penal encuentra justificación cuando una conducta, además de afectar bienes jurídicos fundamentales, requiere una respuesta específica que permita prevenir, investigar y sancionar su realización.
Se trata de una modificación al Código Penal para el Estado de Baja California, destinada a establecer y precisar conductas delictivas cuya persecución corresponde a las autoridades estatales, dentro del marco de las competencias que la Constitución Federal y las leyes aplicables reconocen a las entidades federativas.
Por tanto, la incorporación expresa de las citadas conductas constituye una medida orientada a cerrar posibles espacios de impunidad y a garantizar que la protección jurídica de la intimidad y dignidad de las personas no dependa de la tecnología empleada por quien comete la conducta.
En este contexto, resulta indispensable que el marco jurídico de Baja California mantenga una evolución constante frente a las nuevas herramientas tecnológicas, procurando que el avance de la IA represente una oportunidad para el desarrollo social y no un instrumento para vulnerar derechos fundamentales.
