CIUDAD DE MÉXICO, MAYO 7, 2021.- En el décimo aniversario del hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México (en adelante “las Instituciones”) y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala, Honduras y México (en adelante “las Oficinas”) hacen un llamado a los Estados de la región para redoblar sus esfuerzos para proteger a las personas migrantes ante las persistentes violaciones a sus derechos humanos, así como para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, para que hechos como los de San Fernando no se repitan.
En abril de 2011, en San Fernando, Tamaulipas, se hallaron 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos de personas de diversas nacionalidades, un año después de la masacre de 72 personas migrantes en el mismo municipio. Hechos similares ocurrieron en 2012, en Cadereyta, Nuevo León; en 2014, en Güémez, Tamaulipas; y recientemente en enero de 2021, en Camargo, Tamaulipas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha emitido recomendaciones con relación a las citadas masacres del 2010, 2011 y 2012, las cuales, han sido aceptadas por las autoridades. A pesar de ello, los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación. De igual manera, está llevando a cabo la investigación sobre los hechos ocurridos este año en Camargo, Tamaulipas, y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, desde el 2011, ha realizado diferentes acciones encaminadas a garantizar el derecho al acceso a la justicia y verdad a las víctimas y sus familias. Entre ellas, la apertura de 3 expedientes de investigación y solicitudes a instituciones competentes, como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Fiscalía General de la República del Estado Salvadoreño para exigir la protección consular o las acciones que sean pertinentes a las instancias homologas del ministerio público de México. También, ha registrado los casos en el mecanismo interinstitucional del Banco de Datos Forenses de Migrantes no Localizados de El Salvador, del cual es parte, a efecto de posibilitar -por la vía científica- la identificación de cuerpos o restos. Asimismo, se ha realizado acompañamientos psicosociales a las familias en el contacto que han tenido con las instancias mexicanas y en el proceso de repatriación de uno de los tres casos salvadoreños afectados en esa masacre.
La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, desde 2011 a la fecha, ha realizado acciones de acompañamiento a familiares e instituciones de sociedad civil para el acceso a procesos de búsqueda, identificación y justicia; también se han desarrollado acciones de verificación durante procesos de notificación a familiares sobre avances en investigación y repatriación de víctimas; así como visibilizado ante la sociedad guatemalteca dichos casos a través de pronunciamientos y comunicados, reconociendo los obstáculos que enfrentan las familias para acceder a la verdad y justicia, y las obligaciones que tienen los estados para responder antes dichas atrocidades.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras ha acompañado a los familiares de las victimas durante la repatriación de los cadáveres, y lamenta el daño causado, insta a las autoridades competentes a brindar las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Las atrocidades cometidas no deben justificarse y las autoridades competentes deben investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos para que la dignidad de las víctimas sea reconocida y sus condiciones de vida restituidas.
La situación de riesgo que enfrentan las personas migrantes en tránsito no ha mejorado en los últimos años. A lo largo de estos 10 años, las entidades firmantes han registrado numerosas denuncias sobre violencia y violaciones graves a los derechos humanos cometidas en contra de personas migrantes.
En ese sentido, resulta fundamental fortalecer la cooperación entre las autoridades de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México para garantizar el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, con énfasis en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
Consideramos impostergable la creación de mecanismos de investigación y cooperación que aseguren investigaciones prontas y efectivas, con la participación de familiares de las víctimas y en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
Es importante recordar que México, Guatemala, Honduras y El Salvador son signatarios del Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular, en el que se comprometen, entre otros, a “Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre las personas migrantes desaparecidas.” (Objetivo 8) y abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración (Objetivo 7).
Por todo lo expuesto, consideramos necesaria la creación de una Comisión Especial de Investigación, a través de la cual personas expertas, nacionales e internacionales, apoyen a las autoridades nacionales mexicanas en la investigación de los hechos con perspectiva regional, de conformidad con estándares internacionales. Esto permitirá entender mejor las causas que generan esta violencia sistemática contra las personas migrantes e implementar acciones efectivas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
Las Instituciones y las Oficinas firmantes reiteran su disposición para trabajar con los Estados en beneficio de los derechos de las personas migrantes, dentro de sus respectivos mandatos.
