MEXICALI, OCTUBRE 7, 2021.- A propuesta de la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, el Congreso del Estado instó tanto al Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación, así como al Fiscal General del Estado, para que atiendan con inmediatez las dos recomendaciones hechas en el reciente mes de agosto por la Comisión de Derechos Humanos de Baja California.
La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la XXIV Legislatura de Baja California, dijo al Pleno del Congreso que el pasado mes de agosto se emitieron sendas recomendaciones, emitidas por el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Miguel Ángel Mora Marrufo, lo que provocó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos.
Al respecto, la legisladora refirió que el pasado 27 de agosto del presente año 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por conducto de su presidente Miguel Ángel Mora Marrufo, emitió dos recomendaciones mismas a las que les fueron asignados los números 6/2021 y 7/2021, por conductas que debieron tipificarse como delito y sancionarse y que fueron realizadas por docentes en planteles educativos de baja california, en contra de menores de edad que se encontraban bajo su responsabilidad y cuidado.
El primero de ellos fue el caso de abuso sexual de tres alumnos de la escuela primaria “Miguel Hidalgo” del valle de Mexicali; y el segundo, el caso de violaciones al derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal por violencia sexual, física y psicológica, en agravio de 18 niñas, niños y adolescentes en el plantel educativo número 1, en la ciudad de Tecate.
Del estudio y análisis de las dos recomendaciones materia de este exhorto y análisis y valoración de las actuaciones de personas servidoras públicas que intervinieron directamente en las instancias judiciales y administrativas; y de las cuales obran constancias en las recomendaciones en comento se advierte que: “es evidente que dichos servidores públicos omitieron una serie de obligaciones que imperan en su actuación cuando se ven afectados los derechos de la niñez, y que tuvieron como consecuencia que los actos violentos realizados en contra de las victimas menores quedaran impunes”.
Por esta razón, la legisladora exhortó al ciudadano Gerardo Arturo Solís Benavides en su carácter de Secretario de Educación y Director General del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California; así como al Fiscal General del Estado de Baja California Juan Guillermo Ruíz Hernández para que atiendan con inmediatez las dos recomendaciones números 6/2021 y 7/2021, ambas de fechas 27 de agosto del presente año, y emitidas por el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California.
“La XXIV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, exhorta al ciudadano Alejandro Isaac Fragoso López, en su carácter de presidente del Consejo de la Judicatura, para que atienda con inmediatez la vista que se le hizo llegar respecto a la actuación de la Juez del Tribunal de Enjuiciamiento, así como la actuación del Tribunal de alzada, violentando con su actuar el interés superior de la niñez, dentro del juicio penal a que hace referencia la recomendación número 6/2021, de fecha 27 de agosto del presente año y emitida por el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California”, asentó la diputada Santa Alejandrina.
El llamado también es para exhortar al ciudadano Gerardo Arturo Solís Benavides, en su carácter de Secretario de Educación y Director General Del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California; así como al Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruíz Hernández, para que atiendan con inmediatez las dos recomendaciones números 6/2021 y 7/2021, ambas de fechas 27 de agosto del presente año y emitidas por el presidente de la CEDH.
Agregó que la violencia contra las niñas y los niños incluye todas las formas de violencia física, sexual y emocional, descuido, trato negligente y explotación. Por otra parte, el maltrato infantil se refiere más concretamente a actos de violencia perpetrados por adultos en posiciones de responsabilidad, confianza o poder (como aconteció en ambos casos). Los actos de violencia a niñas, niños y adolescentes tienden a repercutir en el comportamiento posterior de los mismos.
