TIJUANA, OCTUBRE 30, 2021.- Desde el inicio de la administración estatal encabezada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, acaparó la atención el municipio de Tijuana, por la necesidad de mejorar la movilidad, reducir el congestionamiento vial y la contaminación ambiental, al tiempo de mejorar los tiempos de traslado, la seguridad y maximizar la infraestructura existente hasta entonces.
Ese fue el planteamiento expuesto por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (SIDURT, por sus siglas), Karen Postlethwaite Montijo, lo que se sumó a otras dependencias estatales que igualmente desarrollaron proyectos gran impacto, como la SEPROA y SIBSO, por citar algunas.
La aparición sorpresiva de la pandemia por COVID-19 en Baja California, que afectó al mundo entero, vino a frenar el impulso que desde su arranque comprometió el jefe del Ejecutivo estatal para hacer de su gestión el cambio ofrecido en campaña y que sustentó su Plan de Gobierno con “100 compromisos para estar al 100”, el cual puede asegurarse que cumplió en un 95%.
El brusco cambio de las acciones, enfocadas por lógica en proteger la salud de los bajacalifornianos del terrible coronavirus, mermó durante un año y medio las fortalezas del gabinete, tanto porque varios de los secretarios resultaron contagiados y tuvieron que resguardarse, como el gasto enorme para la Estrategia Covid en el extenso territorio de Baja California, que demandó la habilitación del Hospital General de Tijuana como “hospital covid”.
Es así que varios de los proyectos ofrecidos, algunos terminados y otros en proceso de ejecución, quedan sujetos al factor tiempo del calendario en el que la transición gubernamental obliga al gobierno bonillista a dejarle avanzados aquellas obras que quiso concluir antes del 31 de octubre, confiando en que la siguiente administración le dará seguimiento y concluirá con los presupuestos autorizados y debidamente etiquetados, para disfrute de la población en general.
En estas circunstancias se encuentran los proyectos del Tren Interurbano que conectaría, en su primera etapa, desde la Garita Tijuana hasta la colonia “El Refugio”, a la altura del crucero de la carretera libre Tijuana-Tecate y el bulevar “Paseo 2000”, en la populosa Zona Este, planeado para mejorar la movilidad de tijuanenses de un extremo a otro de la ciudad en constante crecimiento.
Otro ejemplo de proyecto inconcluso que se espera retome la próxima administración estatal, es el del Sistema Integral del Transporte (SITT, por sus siglas), que el Gobierno del Estado rescató pensando en el interés de resolver de raíz la falta de un transporte público masivo moderno, cómodo, rápido y seguro, que contaría con señal de WiFi y estaría controlado con una central de mando en la Estación Insurgentes.
La contingencia sanitaria, causa de una considerable reducción en los ingresos fiscales para el Gobierno del Estado, evitó que se hiciera cargo de la construcción del Viaducto Aeropuerto-Cañón Matadero, paralelo a la línea fronteriza Tijuana-San Diego, para ofrecer una alternativa de desfogue al tránsito vehicular que, por necesidad, baja a la Zona Urbana Rio Tijuana y congestiona sus vialidades, diseñadas al estilo provinciano o colonial, con glorietas o rotondas que muchos de los conductores consideran verdaderos problemas.
Afortunadamente, en su más reciente visita de tres días por Baja California, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que será el Gobierno federal el que se haga cargo y asuma el costo de 10 mil millones de pesos para la construcción de Viaducto Aeropuerto-Cañón del Matadero (Libramiento Sur), sin costo de cuota a conductores, lo que contrasta con lo anunciado por el anterior gobierno estatal que pretendía hacerlo en la fórmula de Asociaciones Públicas Privadas y sujeto a cobro de peaje por el uso.
En este contexto, cabe recordar que la SIDURT, en diciembre del 2020, anunció para Tijuana un paquete de 67 obras en curso o sujetas a licitación, por un monto superior a los 1 mil 771 millones de pesos, considerado entonces la más grande inversión proyectada a nivel estatal para la ciudad fronteriza.
Entre los proyectos más relevantes están el del Centro de Justicia Penal, en la zona de “La Encantada”, programado para entregarlo el 15 de enero del 2021 y que se desfasó más de 9 meses, toda vez que las instalaciones al costado sur del bulevar Paseo 2000, muy cerca del nuevo Centro de Gobierno, fueron entregadas a la Fiscalía General del Estado (FGE), el pasado 28 de octubre, a tres días de concluir la administración estatal.
Precisamente, con relación al nuevo Centro de Gobierno, se hizo necesario acondicionar el bulevar Nogales, para dar acceso a las oficinas gubernamentales y conectar la carretera libre Tijuana-Tecate con el bulevar Paseo 2000; la obra facilitó también la estrategia de vacunación en los campamentos que de emergencia fueron instalados para que miles de tijuanenses fueran inoculados con las diferentes vacunas gestionadas por el gobernador Bonilla Valdez, al grado de haber sido nuestra entidad la primera fronteriza en alcanzar más del 80% de personas, para llegar a la llamada “inmunidad de rebaño”.
En coadyuvancia con la SEPROA (conocida como la Secretaría del Agua), hubo de ejecutar con premura los complejos trabajos de desazolve general del canal revestido de concreto del Rio Tijuana y del Arroyo Alamar, para resolver un añejo reclamo binacional de contaminación que, por las descargas de los arrastres, afectaban las playas de San Ysidro y Chula Vista, en la parte sur de la costa californiana, del lado americano.
A la propia SEPROA tocó hacer frente a las condiciones dramáticas de abandono en el que anteriores administraciones, sobre todo la que antecedió al gobernador Jaime Bonilla Valdez, en cuanto al sistema del Acueducto Rio Colorado Mexicali-Tijuana, que operaba entonces a menos del 50% de su capacidad y obligó a implementar “tandeos” en las colonias de Tijuana y Playas de Rosarito, donde las redes de suministro las administra la Comisión Estatal de Servicios Públicos.
En la zona costera entre Tijuana y Playas de Rosarito, la SEPROA se echó a cuestas la construcción del “Colector Costero” para el alejamiento y tratamiento de aguas negras, a fin de resolver el grave problema de contaminación, por descargas indiscriminadas de residuales en las playas de ambas jurisdicciones municipales.
A su vez, varias colonias de ambos municipios mencionados, hermanados por la avanzada conurbación, fueron beneficiadas con obras de instalación de redes de agua y drenaje, en respuesta a las demandas de las cientos de familias que tenían más de 20 años solicitando los servicios, incluso pagado costos y contratos, sin que recibieran el vital líquido.
Además, les fueron pavimentadas las calles de acceso para seguridad de los rosaritenses que también fueron beneficiados con la construcción del Puente Magisterial, a manera de nodo y conexión de la carretera libre y de la Autopista Escénica.
En este municipio turístico, Playas de Rosarito, la obra más estratégica del puente vehicular “Magisterial” representó una inversión superior a los 75 millones de pesos. En Tecate, Sidurt desarrolló 9 obras por un monto de 101.11 millones de pesos, la más cuantiosa es la conclusión del Centro de Justicia Penal, sin omitir la segunda etapa del Proyecto Parque Lineal del Río Tecate, por 2 millones de pesos.
Igualmente relevante es la atención gubernamental brindada a cientos de familias que perdieron sus casas por deslaves en varios puntos de la ciudad, principalmente en Loma del Rubí y en la colonia Reacomodo Rodolfo Sánchez Taboada; el primero por cortes de terrenos hechos por un fraccionador que gobiernos panistas protegieron y dejaron impune; en el segundo caso, data desde su creación como asentamiento, en terrenos accidentados y falsos en su conformación.
Para los grupos de damnificados, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, recurrió al apoyo del Gobierno federal, a través de CONAVI, a fin de coadyuvar con recursos en la adquisición de nuevos predios y la construcción de viviendas que fueron entregadas a la mayoría de las familias perjudicadas por las circunstancias descritas, en lo que se conoce ya como “Nueva Esperanza” y “Vista Horizonte”.
Paralelo a estos fenómenos fortuitos, enfrentó y resolvió la administración estatal las demandas de importantes sectores, muchos de inmigrantes llegados de otras entidades de la República Mexicana, que demandaron lotes para su vivienda, pies de casa o regularización de la tenencia de la tierra, mediante expropiación o convenios con los originales propietarios, lo que estuvo a cargo del INDIVI.
